El concejal de Vivienda, Juan José Ortiz, ha convocado para hoy, a las diez de la mañana, la comisión de trabajo municipal que luchará contra las actitudes antisociales en el mercado inmobiliario, o lo que es lo mismo: los casos de acoso en este sector. La reunión, que se celebrará en el salón de plenos del Consistorio, contará con la presencia de representantes de la Oficina de Rehabilitación de la Junta de Andalucía, el Colegio Provincial de Abogados de Cádiz, el Colegio Territorial de Administradores de Fincas, asociaciones de vecinos y asociaciones de consumidores.

Málaga acusó un descenso en vivienda nueva del 6%, con 3.000 viviendas visadas nuevas, frente al aumento del 14% en Almería y el 20% en Cádiz. Las provincias de Almería y Cádiz han tomado el relevo a Málaga en el auge del sector inmobiliario, con un importante crecimiento en el número de viviendas visadas en 2005 que se espera que se mantenga en 2006, mientras que la provincia malagueña experimentará un moderado descenso este año.

La provincia de Cádiz dispone de un parque de poco más de medio millón de viviendas. En menos de una década éste se habrá incrementando en cerca de 200.000 unidades más, lo que supone un mínimo de un 35% de incremento. Todo ello cuando las previsiones del Instituto Nacional de Estadísticas calculan que la población aumentará unos cien mil habitantes en el mismo periodo de tiempo. Lejos del espectacular crecimiento inmobiliario que se anuncia en provincias como la de Almería o regiones como la de Murcia, donde muchos municipios han planificados desarrollos urbanísticos que más que duplican su actual población, las principales municipios gaditanos han elaborado planes que sin alcanzar estas cotas si implican un fuerte aumento en el número de habitantes y en el parque viviendas.

Veinte municipios de la provincia se repartirán este elevado montante de VPO, cuya inversión sobrepasará los 1.422 millones de euros. Un total de 23.711 viviendas de protección oficial se construirán en la provincia de Cádiz de la mano de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, a la luz del Plan Andaluz de Vivienda 2003/07. De este elevado número, la mayoría, exactamente 18.185, se destinará a la venta, siendo las restantes ( 5.526) para alquiler.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha aprobado la construcción de 934 viviendas protegidas (603 de régimen especial en venta, 295 de régimen general en venta y 36 en régimen de alquiler) en las provincias de Almería, Sevilla, Cádiz, Málaga, Jaén y Granada. La edificación de estos pisos, autorizada en el Consejo de Administración de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) celebrado ayer, supondrá una inversión de 77,2 millones de euros.

La próxima utilización conjunta del aeropuerto de Gibraltar y el incremento de los vuelos a Jerez convertirán a la provincia en objetivo de los inversores. El Gobierno inglés aprobará en abril una ley que aumentará las deducciones fiscales de la inversión inmobiliaria e impulsará la demanda de segundas residencias. Los británicos, según comenta el director de la oficina de Turespaña en Londres, Ignacio Vasallo, «no se sienten en España como en casa, sino mejor que en casa».

El Grupo Jale Monasterio cuenta con 2.457.533 metros cuadrados de suelo para la construcción en los próximos años de 1.473 viviendas, que supondrían 237.371 metros cuadrados de techo, en El Puerto, Jerez, Puerto Real, Arcos, Vejer y Espera, aseguró la firma constructora que preside José Antonio López Esteras.

El sector de la construcción se ha convertido en los últimos años en uno de los pilares principales de la economía de la provincia. Prueba de ello es el informe presentado esta semana por la Cátedra Inmobiliaria del Instituto de Práctica Empresarial en el que queda de manifiesto que en los últimos cinco años se visaron 111.335 pisos.

La Agencia de Fomento del Alquiler, un instrumento creado por la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía para poner en el mercado viviendas vacías que puedan ser alquiladas a menores de 35 años, cuenta ya en la ciudad de Cádiz con una red de cincuenta pisos disponibles.

Los interesados deberán presentar la solicitud de aplicación del citado beneficio fiscal en el Ayuntamiento, hasta el 31 de diciembre.

Ortiz explicó que se pondrá en marcha un servicio de atención al individuo, además firmar un convenio con las asociaciones de vecinos para convertirse en interlocutor. Por otra parte, y según señaló el edil de Vivienda, se podrá a disposición de los ciudadanos un buzón donde presentar sus quejas y depositar sus denuncias, además de ofrecer a los inquilinos una guía donde se especifique qué se debe hacer en los casos que un asustavieja intente echar a las personas que habitan en una casa.