Las Consellerias de Política Territorial y Obras Públicas y de Medio Ambiente y Vivienda anunciaron hoy que la Comisión de Urbanismo de Catalunya ha aprobado el desarrollo de 100 Areas Residenciales Estratégicas (ARE) que permitirán la construcción de más 90.000 viviendas a partir de 2009, la mitad de ellas protegidas, en 86 municipios repartidos por todo el territorio catalán dentro de un año.

El Consejo de Gobierno de la Xunta gallega aprobó el proyecto de ley de medidas urgentes en materia de vivienda y suelo. Ahora será remitido al Parlamento autonómico para su tramitación y aprobación, cuyo fin es promover la construcción de vivienda social situando la reserva de edificabilidad pública en el 40%. Introducirá mecanismos que garanticen la efectiva construcción de viviendas protegidas. Creará una red de suelo dotacional al establecer una cesión obligatoria a la Xunta.

Un nuevo decreto permite hacer modificaciones puntuales de la ordenación para agilizar los trámites. El compromiso para construir 16.028 viviendas protegidas en la provincia de Almería ya se ha alcanzado. Los convenios necesarios para hacer todas estas casas ya se han firmado y la voluntad de las partes implicadas es expresa. El problema, ahora, es el suelo.

Disponer de unos ingresos ponderados de al menos 6.000 Euros. Este es uno de los dos requisitos que el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) ha añadido a los ya establecidos en el decreto de la Junta de Andalucía para poder acceder a una de las 1.600 VPO que se sortearon en diciembre de 2006 en la zona de Soliva.

Entre 2006 y 2007, el departamento que dirige Javier Madrazo ha chequeado 24.650 viviendas, el 27% de ellas -6.655- en territorio alavés. En este tiempo, los inspectores se han encontrado de todo: una casa de citas a pleno rendimiento, un piso realquilado a inmigrantes por habitaciones, una peluquería no autorizada o una consulta dental.

La Federación de Municipios y Provincias (FEMP) se comprometió hoy con las inmobiliarias G-14 a que los ayuntamientos pongan suelo en el mercado para la construcción de unos 200.000 pisos de protección oficial (VPO) anuales, con el doble objetivo de facilitar el acceso a la vivienda y garantizar la actividad y el mantenimiento del empleo en el sector ante la crisis que atraviesa.

Mediante dicha calificación, la empresa Ribera Madre de Dios IV S.A. podrá iniciar las obras de construcción del bloque, que estará formado por 40 viviendas con superficies comprendidas entre los 59,81 y los 80,68 m2 útiles. Cada una de las viviendas tiene como anejos vinculados una plaza de garaje y un trastero.

El conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, se ha reunido con 50 alcaldes y representantes de los municipios de la provincia para conocer la oferta de suelo existente en el territorio y dar salida al mercado de la vivienda protegida (VPP).

La ministra de Vivienda, Carme Chacón, ha firmado hoy un convenio de colaboración entre SEPES, la Entidad Pública de Suelo del Ministerio de Vivienda, y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para impulsar la construcción de vivienda protegida en suelo público, en régimen de alquiler.

De mantenerse el ritmo actual, durante la legislatura 2004-2008 se construirán 360.000 viviendas protegidas, un 70% más que en los últimos cuatro años del Partido Popular. En vivienda libre, en los últimos doce meses, se iniciaron 602.549 viviendas, lo que supone un 5,2% menos que respecto a los doce meses anteriores.

Unos 21.000 malagueños están a la espera de conseguir una VPO en la capital. Así lo confirma el propio alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, cuando se le ha preguntado por las previsiones que realizó la Consejería de Obras Públicas y Transporte en las que se apuntaba que la necesidad de este tipo de viviendas protegidas en la ciudad era de 20.885.

El Ayuntamiento de Sevilla sólo ha podido entregar 2.670 llaves (61 correspondientes a promociones ejecutadas por la iniciativa privada) de las casi 15.000 viviendas prometidas para 2007, con el agravante de que en su totalidad corresponden a expedientes del Plan previsto para los años 1999-2002, cuando tomó posesión el primer gobierno presidido por Sánchez Monteseirín.

Según reveló la concejal de Vivienda, Nieves García Piqueras, a esa fecha eran 5.600 las personas que habían solicitado una vivienda de protección oficial (VPO) marcando la ciudad de Albacete como primera opción -pues se les da la posibilidad de elegir hasta nueve localidades de la región-.

Serán 2.877 viviendas, más de 2.600 de promoción pública y el resto destinadas al mercado libre. Auditz Akular, el ensanche de Altza, ha dado un nuevo paso hacia su construcción con una nueva aprobación provisional de la modificación de Plan General, un trámite necesario dado que se han incluido algunos cambios respecto a la ordenación a la que el Pleno dio el visto bueno.

Las modificaciones pretenden que más familias con rentas bajas y medias puedan beneficiarse de las políticas de vivienda, impulsar el mercado de alquiler y la rehabilitación. Asimismo, la reforma pretende incentivar al sector inmobiliario para que incremente su actividad en el mercado de la vivienda protegida. La aplicación de las modificaciones del Plan de Vivienda tendrá un coste estimado de 75 millones de Euros. La reforma del Plan facilitará el acceso a la vivienda a 250.000 familias, que se añaden a las 620.000 que ya se han beneficiado desde el principio de la legislatura.

A finales de mes se acabarán las primeras casas del plan de 60.000 Euros. La Consejería de Fomento tiene previsto entregar un total 3.003 viviendas este año, 2.353 del Programa 60.000 Euros, 469 de tipo medio y 181 de otra tipología, según informó ayer su titular, José Luis Quintana.

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado hoy que el Gobierno “satisface y contenta únicamente” las exigencias de las entidades bancarias y promotoras inmobiliarias al incrementar el precio de la vivienda protegida (VPO).

El proyecto de ley de actuaciones urgentes para conseguir suelo donde construir vivienda de protección oficial (VPO) aprobado hoy por el Consell de Govern incluye la posibilidad de que los Consells y Ayuntamientos se opongan a un determinado proyecto de urbanización mediante un informe negativo, que será vinculante.

La Comunidad Autónoma contará con un total de 2.708 nuevas viviendas de protección oficial, gracias a la convocatoria extraordinaria de ayudas ofertada por la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno canario, a través del Instituto Canario de la Vivienda, para promocionar la construcción de viviendas de protección oficial.

La consejera de Obras Públicas y Transportes, Concepción Gutiérrez, y la alcaldesa de Jerez de la Frontera, Pilar Sánchez, firmaron hoy un convenio que reserva 300 hectáreas de suelo para construir 9.000 viviendas protegidas en el marco del Pacto Andaluz por la Vivienda.