30-01-2006

30-01-2006 Consumer
Varias comunidades se unen para regularizar el mercado de viviendas turísticas

Denuncian problemas de orden urbanístico y medioambiental, así como financiero y fiscal. Varias comunidades autónomas han decidido unirse para tratar de regularizar el mercado de viviendas turísticas, que ha triplicado su tamaño en los últimos cinco años. Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Murcia, Galicia, Asturias y Cantabria han denunciado problemas de orden urbanístico y medioambiental, así como financiero y fiscal, pues consideran que en muchos casos la oferta no reglada propicia el fraude en los impuestos del IVA y el IRPF.

Las empresas del sector, sobre todo los hoteleros, cuantifican ese fraude en cerca de 450 millones de euros anuales, de los cuales más del 90% se produciría en la zona del litoral mediterráneo. Según coinciden distintos informes, el 80% de las pernoctaciones de viajeros en España se produce fuera del mercado oficial.

La mayoría son viviendas particulares cedidas en alquiler, que con frecuencia se paga sin factura para evitar que Hacienda se quede con una parte. Pero también existe un mercado de apartamentos “no legalizados”, que se comercializan como si fueran alojamientos turísticos aunque sin cumplir los mismos requisitos que a éstos se les exigen, ni tampoco con sus obligaciones tributarias.

El Gobierno señala que la inversión residencial extranjera ha sumado unos 100.000 millones de euros en los últimos nueve años, lo que equivaldría al 11% de la riqueza nacional. Su argumento es que esta actividad tiene importantes impactos positivos sobre otros sectores (comercio interior, restauración, ocio, alquiler de coches), pese a que los hoteleros afirman que la aportación económica de los turistas que usan alojamientos “oficiales” es diez veces mayor que la realizada si se vive en una casa.

Medidas

Varios gobiernos autonómicos están muy preocupados por la pérdida de ingresos que se genera por la competencia de alojamientos no regulados, así como por la destrucción de la imagen de marca de calidad que suponen. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ya ha dicho que está dispuesto a estudiar distintas alternativas.

Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana consideran que se debe reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que Andalucía cree que antes se pueden agotar otras soluciones dentro de las propias competencias autonómicas. En cualquier caso, todas coinciden en que es necesario definir cómo debe ser una vivienda turística, paso previo a su inscripción en un registro oficial, que la habilitaría para ser alquilada. Algunas autonomías proponen incluso la necesidad de contar con una doble licencia, autonómica y local, para controlar más la oferta.