25-01-2008 Vivienda Valladolid

El Consistorio recuerda que la ley obliga a modificar el Plan de Urbanismo y eso retrasa la concesión de licencias.

La Agrupación de Promotores y Constructores de Medina del Campo (que reúne al 95% de los promotores y constructores de la localidad) presentó ayer en el Registro del Ayuntamiento un escrito dirigido al alcalde, Crescencio Martín Pascual, en el que afirman que sus inversiones económicas “están siendo gravemente amenazadas, cuando no extinguidas” y que “el volumen de desarrollo inmobiliario en Medina del Campo está prácticamente paralizado”.

En esta “Carta abierta” dirigida al alcalde, los promotores y constructores señalan que “el normal desarrollo de su actividad depende enormemente de la obtención de recursos económicos del municipio”, una actividad de la que dependen además “puestos de trabajo y mano de obra directa e indirecta”. Ante esa paralización del sector, añaden, “estamos siendo abocados a no contratar, cuando menos a despedir a personal propio, contratas y trabajadores autónomos cuyos recursos económicos están sostenidos en el sector de la construcción y de servicios”, hasta el punto, aseguran, “de tener que buscar fuera dela villa los nichos de negocio que nos son negados en ella”.

En su opinión, entre las causas que provocan esta situación está “al inoportuno momento de iniciar una nueva redacción Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y del Plan Especial del Casco Histórico (PECH) en la cresta del ciclo económico inmobiliario”, se une el retraso en su aprobación definitiva, lo que hace que el municipio “siga funcionando con un planteamiento urbanístico vigente transitoriamente”.

También citan “un retraso injustificado en la obtención de licencias de obras”, ya que “en muchos casos se están sobrepasando los plazos de silencio administrativo positivo, y en ocasiones ni siquiera obtienen respuesta a petición de su certificación”, lo que en la práctica se traduce en que “ni se dan ni se deniegan licencias de obras”, y tienen como consecuencia “la imposible financiación bancaria de las inversiones”.

Asimismo, manifiestan su “más enérgica queja del trato que recibimos del arquitecto municipal”, cuya “desidia, actitud y discrecionalidad roza la burla, dañando la normal consecución de las tramitaciones urbanísticas”, y finalizan su escrito reclamando “un servicio técnico apto y competente”.

Por obligación

El concejal delegado de Urbanismo, Javier Rodríguez, aseguró ayer que “entienden la intranquilidad” que está viviendo en estos momentos el sector de la construcción en todo el país, lamentó la disposición y agregó que “intentaremos solucionar este problema al cien por cien”. Según el concejal, estos promotores inmobiliarios deben entender que “estamos modificando por obligación, para adaptarnos a la normativa vigente, el PGOU”.

Debido a esa obligación legal, los dos arquitectos municipales están trabajando de lleno en el nuevo plan, que una vez aprobado tendrá una prolongación en el tiempo de unos 15 años, por lo que no pueden mantener el ritmo de trabajo habitual. Una vez aprobado el nuevo PGOU, los dos técnicos municipales retomarán los proyectos aparcados y seguirán otorgando licencias. También señaló que “algunos promotores están esperando a que se ponga en marcha el nuevo PGOU para poder rentabilizar de forma optima sus inversiones”.

Sobre el comportamiento de uno de los arquitectos del consistorio, el concejal manifestó su deber de defender a los técnicos y añadió que “el arquitecto debe velar por la legalidad vigente y esto en determinados momentos puede llegar a chocar con los intereses de los promotores inmobiliarios”.

25-01-2008 Vocento