21-12-2007 Vivienda Valencia

El Ayuntamiento ha entablado conversaciones con la Conselleria de Vivienda para tratar de solucionar el problema de las inspecciones técnicas de las viviendas antiguas, un trámite que debe realizar el dueño del inmueble pero que en la práctica brilla por su ausencia en muchos casos, pese a tener un coste aproximado de sólo 36 euros.

Sólo el 5 por ciento de las 18.000 viviendas de más de 50 años de la ciudad han realizado esta inspección de seguridad que determina el estado de conservación del edificio.

Tal y como explica el concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, la intención es ‘dar valor’ a esta inspección. Por ello, propuso un par de iniciativas, como puede ser la prohibición de vender un inmueble si no se dispone del citado documento o de no poder optar a subvenciones para su rehabilitación.

Bellver señala que dar valor a estos certificados serviría para obligar a los propietarios a tener un mayor control de la situación técnica del inmueble. Aún así, el concejal popular quiere dejar claro que ’son decisiones que competen a la administración autonómica’, en este caso, a la Dirección General de Vivienda.

Desde el grupo socialista se ha presentado una moción para incentivar las inspecciones entre los propietarios y evitar la degradación y riesgo de caída de los inmuebles. Debido a las conversaciones establecidas con la Conselleria, la propuesta ha sido rechazada por el PP.

Por otro lado, la Conselleria de Vivienda ha aprobado una orden que establece que la Generalitat subvencionará la totalidad del coste de realización del Informe de Conservación de Edificios.

Esta premisa es una exigencia previa a la solicitud de ayudas a la rehabilitación.

Tras la comisión de Urbanismo, el concejal delegado informa también de que la promotora Proara ha desistido de ejecutar cinco planes urbanísticos en la ciudad, al no haberse aportado la documentación requerida dentro del plazo.

El concejal socialista, Vicente González Móstoles, solicita que sea la empresa municipal Aumsa la que se encargue de realizar estos proyectos, lo que podría suponer la construcción de 740 viviendas de protección pública.

Bellver considera ‘innecesario’ cargar a Aumsa con estos nuevos proyectos, por lo que el desarrollo de los planes se acometerá dentro de la revisión del Plan General. Los planes afectados son: Camino del Canal (Nazaret), calle Planas (En Corts), Castellar-Alacreu (Castellar), Espronceda (Benimàmet) y Doctor Soriano Benlloch (Benimàmet).

También se informa del convenio firmado entre el Ayuntamiento y la Dirección Central de Tráfico por el que se trasladará la sede de la Jefatura Provincial de la calle Mora de Rubielos al solar situado en la confluencia de la avenida de la Malvarrosa y la calle Padre Antón Martín.

El edificio, cuyo coste de ejecución recaerá en el Ministerio del Interior, de quien depende, estará preparado para las tareas administrativas que se desarrollan en la actual sede, excesivamente saturada.

21-12-2007 Vocento