27-12-2005 Diario Valencia, Noticias Internacionales, Noticias Vivienda

27-12-2005 ABC
UE vs. Comunidad Valenciana - Dos críticas de la UE sí afectan a la normativa estatal

El dictamen de la UE, pese a que ayer no lo reconociera la ministra, sí afecta a la legislación estatal. La primera crítica lamenta que todo particular que presente un procedimiento de concurso pueda luego participar en la licitación del PAI, algo que se recoge en la normativa básica estatal (artículos 4, 15 y 16 de la Ley 8/1998) y que es de obligado cumplimiento para las Autonomías. La segunda critica la posibilidad de retasar cargas con posterioridad a la adjudicación del PAI. Este régimen jurídico se recoge en la legislación estatal de contratación administrativa para la modificación de contratos públicos que el ministro de Economía, Pedro Solbes, prevé variar.

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27-12-2005 ABC

El Gobierno alaba la «eficacia» del Consell en vivienda y desautoriza las críticas del PSPV

La ministra de Vivienda firma el convenio para aplicar el Plan Estatal 2005-2008 que beneficiará a 56.656 familias valencianas. Camps quiere llegar a las 75.000

La visita de la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, a la capital del Turia era muy esperada por parte de los políticos autonómicos en un momento de máximo auge del debate urbanístico después de la reciente aprobación de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) por las Cortes.

En su encuentro con el presidente del Consell, Francisco Camps, la titular de Vivienda suscribió en el Palau de la Generalitat el convenio del Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2005-2008 y a continuación firmó los convenios con veintidós entidades financieras que posibilitarán la ejecución del plan con la concesión de créditos por valor de 2.262 millones (un 49,9% más que el anterior plan de 2002-2005).

La ministra destacó el buen hacer del Gobierno de la Comunidad Valenciana a la hora de facilitar el acceso a la vivienda, ya que «siempre ha cumplido sus objetivos». Trujillo animó a Camps a seguir por el mismo camino y a incrementar, con la ayuda estatal, «el número de familias beneficiadas y los recursos». La ministra recordó que la Comunidad Valenciana se ha acogido tradicionalmente a la reserva de eficacia del 25 por ciento prevista por el Estado para las Comunidades Autónomas «más eficientes, ágiles y cumplidoras».

El presidente autonómico valenciano recogió el guante: «Guarde usted el dinero, señora ministra, para la Comunidad Valenciana». Y es que si María Antonia Trujillo anunció que el Plan Estatal prevé poner a disposición de las familias valencianas un total de 56.656 viviendas, Camps vaticinó que «nosotros esperamos incrementar en un 50% esas expectativas y que finalmente sean más de 75.000 las familias beneficiadas».

En el plan anterior, la Comunidad ya demostró su eficacia en la gestión de las ayudas, como reconoció la ministra, al tener previstas 31.954 que, finalmente, fueron 54.504 en el periodo 2002-2005. Esto, junto a las previsiones del nuevo plan, hará posible que Camps pueda hacer realidad su compromiso de facilitar el acceso a 100.000 viviendas en la presente legislatura -están previstas 180.000 anuales en toda España en el plan 2005-2008-, un hito en las políticas sociales del Consell.

El esfuerzo conjunto de este plan alcanzará los 972 millones de euros, el 51% aportados por el Ministerio (492 millones) y el 49% restante (480 millones) a cargo de la Generalitat Valenciana.

En cuanto a los datos sobre la construcción de VPO, la ministra refrendó los datos ofrecidos por la Conselleria de Territorio y Vivienda, en los que la Comunidad Valenciana aparece como la segunda Autonomía que más casas protegidas ha puesto a disposición, con 20.309 (15,71% del total español), lo que contrasta seriamente con las pírricas 800 que el líder del PSPV, Joan Ignasi Pla, aseguró en las Cortes Valencianas la semana pasada que el Consell había construido.

Este jarro de agua fría a la estrategia diseñada desde Blanquerías motivó que a lo largo de la jornada se realizaran numerosos comunicados de integrantes de la Ejecutiva nacional del PSPV cargando contra Camps en diversos campos (balance del año, el Estatuto o el informe del Síndico de Cuentas, entre otras acusaciones). Fue un intento de «contraprogramar» a su propia ministra, que cerraba con sus declaraciones la última arma arrojadiza que el PSPV había utilizado contra el jefe del Consell: el urbanismo.

La ministra de Vivienda anunció finalmente su deseo de crear una ventanilla única del ramo en la Comunidad Valenciana (está contemplada en el convenio firmado ayer), en la que estén representadas las Administraciones estatal y autonómica, para «optimizar la gestión y que los ciudadanos puedan obtener más información».

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se mostró agradecido a la ministra por la firma del convenio y por el reconocimiento del «buen hacer» de la Comunidad Valenciana, e hizo un llamamiento a las entidades financieras, promotores y ayuntamientos «para hacer posible uno de los grandes proyectos sociales de la España del siglo XXI y de nuestra Comunidad, que es la construcción de viviendas para todos, para que todo el mundo tenga vivienda garantizada».

Camps, que con las palabras de la ministra vio despejada la incógnita de la actuación de Trujillo en un momento de tantas críticas al urbanismo valenciano, destacó el carácter «social» del convenio, que «generará empleo, riqueza, desarrollo y prosperidad».

También aprovechó el jefe del Consell la presencia de Trujillo para explicar que la Ley Urbanística Valenciana (LUV) contempla «por primera vez la exigencia legal de que los ayuntamientos nos propongan la vivienda social que pretenden para el desarrollo urbanístico de sus municipios».

Resaltó al respecto de este apartado que la Generalitat «fiscalizará hasta sus últimas consecuencias estas propuestas para que incluyan la previsión de la vivienda social». Camps consideró este compromiso como «el más importante que tiene el Consell y, en este caso, en cooperación leal con el Gobierno de España».

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27-12-2005 ABC
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La ministra dice que el informe de la UE no afecta a la legislación estatal

Las alegaciones de la Generalitat Valenciana contra el informe de la UE serán tramitadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, según explicó Trujillo

El Palau de la Generalitat no fue escenario de ninguna declaración sobre la polémica urbanística. Camps y Trujillo llegaron a un pacto de no agresión para no enturbiar la firma del convenio del Plan Estatal de la Vivienda.

Más tarde, después de una larga y minuciosa visita por las instalaciones del Mercado Central, la ministra de Vivienda se detuvo y contestó a las preguntas de los informadores al respecto. El informe aprobado por el Parlamento Europeo en el que se pide que se adapte la LUV a la normativa comunitaria en materia de contratación pública y que se atienda una moratoria en la reclasificación de suelo no urbanizable fue considerado por María Antonia Trujillo como una cuestión que afecta únicamente a la Comunidad Valenciana.

El informe «sólo afecta a la legislación de la Comunidad Valenciana y a la aplicación de la misma». La ministra de Vivienda consideró que el Gobierno de España «aboga por un desarrollo sostenible. Crecer pero de forma racional», indicó.

Al ser preguntada por si la Comunidad Valenciana no estaba cumpliendo esta actuación, lo negó. «No creo, simplemente se está limitando a aplicar su legislación autonómica urbanística, que tiene competencias para ello».

Eso sí, María Antonia Trujillo quiso «salvarse» del informe europeo asegurando que la Comisión de la UE «no se ha dirigido al Gobierno central para que adapte la legislación estatal, ya que nunca se ha cuestionado la legislación estatal y menos la del suelo, que es plenamente constitucional».

El «problema», como definió lo que tiene la Comunidad Valenciana con la Comisión Europea, es algo que preocupa al Gobierno de España, según la ministra, y por eso «estamos apoyando, dando cobertura y trasladando a la Comisión Europea, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, las alegaciones de la Generalitat Valenciana».

En cuanto a las críticas recibidas por parte del Gobierno valenciano sobre la falta de defensa de los intereses de la Comunidad, Trujillo aseveró que «estamos defendiendo los intereses de España y estamos trabajando desde la primera carta de emplazamiento, que se envió aproximadamente hace dos años».

Las acusaciones del presidente del Consell, Francisco Camps, quien el pasado viernes aseguró que el PSOE está detrás de una campaña para manchar la imagen de la Comunidad Valenciana en la Unión Europea, tampoco fueron rebatidas por María Antonia Trujillo, quien zanjó el asunto con un escueto «no conozco esas declaraciones», aunque en ningún momento quiso desmentir esta posibilidad.

En cuanto a la LUV, Trujillo no entró al detalle ni criticó la nueva legislación urbanística de la Comunidad, como sí han hecho de manera vehemente sus compañeros del PSPV, y rehusó valorar si el modelo urbanístico de la Comunidad se repite en otras Autonomías españolas.

Por último, la ministra de Vivienda hizo una breve valoración de la Sociedad Pública de Alquiler, de la que dijo que cumple las expectativas puestas en ella, y recalcó que la respuesta que está recibiendo por parte de los ciudadanos es «plenamente satisfactoria».

Los datos desde que se puso en marcha «son los que manifesté en su día, no dispongo de ningún dato más», explicó Trujillo, quien sí destacó que en la Comunidad Valenciana «unos 400 propietarios han puesto sus casas a disposición de la Sociedad Pública de Alquiler» y es así la segunda Comunidad Autónoma en la que más propietarios «confían en nosotros».

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