27-06-2007 Burbuja Inmobiliaria, Ministerio de la Vivienda, Ministra Vivienda

La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, aseguró hoy que las recomendaciones de la ONU que instaban al Gobierno a intervenir más en el mercado de la vivienda e informar claramente de los riesgos de una crisis inmobiliaria en unos años, “encajan perfectamente” con las políticas de vivienda Gobierno, aunque, matizó, éstas se desarrollan desde una “óptica no intervencionista”.

Durante la presentación de la primera encuesta oficial sobre el mercado del alquiler en España, la ministra declaró que desde el Ministerio de Vivienda se están haciendo esfuerzos para reducir la especulación o sacar al mercado del alquiler viviendas desocupadas, como recomienda Naciones Unidas.

Por otro lado, Trujillo quiso dejar claro que las competencias en materia de vivienda no son exclusivas del Gobierno central y, así, hizo partícipes a las comunidades autónomas de las críticas del organismo supranacional. Asimismo, apuntó que para introducir mejoras en el mercado de la vivienda “es necesario que los operadores públicos y privados trabajen en la misma dirección” que el Gobierno, que no es otra que la lograr que el sector de la construcción entre en una fase de “normalización”.

Ayer, el experto de la ONU para la Vivienda, Miloon Kothari, recomendó al Gobierno que alerte abiertamente a ciudadanos e inversores de que el país “se enfrenta a una grave crisis” inmobiliaria. “El Gobierno español trabaja en el buen camino, pero debe intervenir más en el mercado e informar claramente de que en unos años llegará una grave crisis que afectará a gran parte de la población”.

Kothari visitó España el pasado noviembre a invitación del Gobierno y estudió en concreto los casos de Madrid, Bilbao, San Sebastián, Almería, El Ejido, Roquetas de Mar, Sevilla, Barcelona y Zaragoza.

Su objetivo era elaborar un informe con recomendaciones que será presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en noviembre, aunque hoy adelantó a Efe sus conclusiones preliminares, que ya fueron expuestas hace unos días ante ese mismo organismo.

“El principal problema de la vivienda en España es que no es asequible, con lo que una considerable proporción de la población dedica más del 40% de su salario al pago de hipotecas”, explicó Kothari, quien valoró la respuesta del Gobierno español y su compromiso a colaborar con su mandato.

Su temor es que ese elevado porcentaje tenga un efecto directo en el disfrute de otros derechos humanos, como el “acceso a la educación, la alimentación o el vestido”.

27-06-2007 Agencias