Devolución del precio escriturado abonado por la vivienda, pago de los gastos ocasionados con la compra de la casa e incluso indemnización por el “daño moral” sufrido por la demandante. En plena crisis del sector inmobiliario, existe una sentencia que propina un duro varapalo a una inmobiliaria por una reprochable conducta: vender a una vecina de Valencia una vivienda con aluminosis.

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados a finales de agosto por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados y los gobiernos de la Comunidad de Madrid, Canarias y La Rioja contra la Ley del Suelo, informó hoy esta instancia. El Constitucional dará traslado de la demanda y de los documentos presentados al Congreso de los diputados y al Senado, a través de sus presidentes, y al Gobierno, a través del ministro de Justicia, al objeto de que en el plazo de 15 días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.

La Junta impedía que el Ayuntamiento de la localidad construyese las instalaciones deportivas en un pinar municipal. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha fallado a favor del Ayuntamiento de Arévalo en sus recursos interpuestos contra las resoluciones tomadas por la Junta en la que el Gobierno regional impedía que la localidad abulense construyera un campo de golf en el pinar de titularidad municipal.

Los clientes pueden comprar un piso a su dueño aunque lo haya ofertado una agencia. La Sala de lo Civil de la Audiencia de Zaragoza ha ratificado una sentencia de primera instancia en la que cuestiona la labor de intermediación de las inmobiliarias. Un cliente puede adquirir un piso directamente al propietario que lo vende aunque haya obtenido la oferta a través de una agencia. La sentencia es firme y no es la primera que se pronuncia en el mismo sentido en los tribunales aragoneses. Responde a una demanda civil de una inmobiliaria contra un cliente, quien, después de haber visitado una vivienda en venta con la agencia, contactó directamente con el propietario de la misma y eludió pagar la comisión, que ascendía a 5.900 euros, el 3% del precio solicitado por el piso.

La Sala Civil del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que las comunidades de propietarios pueden reparar por su cuenta los defectos graves de sus viviendas y posteriormente pasar la factura a constructores y arquitectos, estos últimos como vigilantes superiores, de acuerdo a la Ley, de la corrección de los edificios.

El juzgado de primera instancia número 10 de Valencia ha condenado a una constructora y promotora a devolver al comprador de una vivienda los gastos de cancelación de un préstamo con garantía hipotecaria, suscrito por la empresa. En este caso, el promotor pactó con el comprador que obligatoriamente debía subrogarse en el préstamo que previamente había él firmado con la entidad bancaria que había elegido unilateralmente y que si quería cambiar de banco, debía entonces cargar con los gastos de cancelación, que alcanzan actualmente el uno por ciento, el tope máximo establecido por ley.