23-07-2008

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, anunció hoy que en octubre próximo el Gobierno hará una oferta pública de compra de suelo por 300 millones de Euros, por la que adquirirá solares privados para la construcción de vivienda protegida (VPO). Durante su intervención en el Foro Cinco Días, Corredor explicó que en septiembre el Ministerio de Vivienda se reunirá con las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para consensuar los criterios con los que se seleccionará el suelo, cuya compra será a través de la entidad estatal de suelo SEPES.

No obstante, adelantó que tendrán más probabilidades de ser adquiridos los suelos susceptibles de transformación inmediata, así como aquellos que se encuentren en poblaciones con una mayor demanda de vivienda.

Sobre el precio de compra, la ministra explicó que dependerá de la ubicación del suelo y de sus características, si bien dejó claro que siempre estará en función del precio de la VPO.

El plazo para presentar las ofertas estará abierto durante tres meses (entre octubre y diciembre) y al término SEPES dispondrá durante seis meses del derecho de compra de todos los suelos presentados a concurso, de tal forma que pueda contar con el tiempo suficiente para evaluar los terrenos conforme a sus características y a las necesidades de los ciudadanos.

Según explicó la ministra, la oferta inicial de 300 millones podría ampliarse, aunque la cuantía exacta no se decidirá hasta que se vea la acogida del concurso, si bien la intención del Gobierno es que esta iniciativa tenga carácter anual.

Aunque en los planes del Ejecutivo está dotar cada año una partida para esta iniciativa en el presupuesto, el importe para próximos concursos dependerá de las necesidades y de la oferta.

Asimismo, Corredor anunció que a partir del próximo año el presupuesto ordinario que SEPES destina anualmente a la compra de suelo aumentará de 100 millones de Euros actuales a 150 millones.

La ministra negó que la compra de suelo privado se lleve a cabo para ayudar a los promotores inmobiliarios en dificultades y afirmó que se trata de una medida estructural con la que se pretende avanzar hacia un mercado inmobiliario más sostenible.

En este sentido, dijo que la función del Gobierno no es impedir el ajuste del mercado, sino garantizar el derecho a una vivienda, razón por la que no se tomarán medidas que den continuidad al modelo de mercado de la última década.

“Siempre hemos mantenido que el crecimiento del sector inmobiliario era insostenible con una construcción de viviendas por encima de la demanda”, dijo Corredor, quien añadió que al frenazo de las ventas se ha unido la escasez de crédito, lo que agrava la crisis que atraviesa el sector.

Ambas circunstancias se unen, explicó, al hecho de que muchas empresas inmobiliarias están fuertemente endeudadas y citó el caso de Martinsa-Fadesa, que la pasada semana solicitó el concurso voluntario de acreedores, lo que calificó de “mala noticia” para los trabajadores, compradores, ciudadanos y Gobierno.

Por esta razón pidió a las entidades financieras que confíen en el tejido empresarial español y le ofrezcan liquidez para llevar a cabo sus nuevos retos.

Asimismo, solicitó a los empresarios del sector confianza en un Gobierno, que pondrá a su alcance “los medios necesario para conseguir un mercado fuerte”.

Una confianza que es recíproca, según Corredor, quien reconoció que los empresarios del sector han tenido que convivir en los últimos años con “oportunistas y especuladores profanos que aprovechando la bonanza económica acudieron al mercado inmobiliario para enriquecerse”.

El PP dice que los más débiles “no son los grandes promotores” a los que el Gobierno comprará suelo

Sáenz de Santamaría acusa al Gobierno de haber recortado en 200 millones de euros el gasto social para 2008

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió hoy al Gobierno de que “los más débiles no son esos grandes promotores” a los que comprará suelo, en referencia al anuncio de la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, de realizar una primera oferta de suelo público en el mes de octubre por valor de 300 millones de euros ampliables.

En su intervención en la clausura de la Junta Directiva del PP gallego, Sáenz de Santamaría contrapuso esta medida con la actitud de los populares, para quienes “los débiles” ante la crisis económica son los trabajadores que se quedan sin empleo y los pensionistas con un bajo poder adquisitivo, entre otros.

Así, enfatizó que el PP es “el partido de mayor utilidad para los españoles” y aseguró que, de estar en el Gobierno en la actualidad, ahora estaría “bajando impuestos”, haciendo un plan de austeridad “y no despilfarrando”. En esa línea, apostó por “dar a la gente ilusión y tranquilidad de que hay un partido para sacarles de la crisis”.

Frente a ello, aseguró que el Ejecutivo socialista piensa “recortar 200 millones de gastos de dependencia” y denunció que de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ha “desaparecido” el Plan de atención a personas mayores dependientes.

Sáenz de Santamaría se mostró muy crítica con la proclamación del PSOE de que ante la crisis no recortaría derechos sociales y se preguntó si no es hacer precisamente eso el hecho de que cada vez haya más personas en paro, que se produzca una subida de la tarifa de la luz y que el euríbor esté cada vez más alto, ya que son, respectivamente, recortar derecho al empleo, a la calidad de vida y a la vivienda.

AYUDAS A LAS FAMILIAS HIPOTECADAS

Por su parte, el portavoz de Vivienda del PP en el Congreso de los Diputados, Pablo Matos, lamentó en declaraciones a Europa Press que el Gobierno rechace un incremento de las deducciones fiscales para las familias hipotecadas ante la subida del Euríbor ni para facilitar el acceso al crédito hipotecario y en cambio su “primera medida” sea la de comprar suelo a “empresas privadas con problemas”.

“Lo grave es que se reconozcan las dificultades para las familias, y en lugar de acudir en su ayuda, se auxilie a las empresas”, señaló Matos, quien destacó que en España ya hay “suelo público suficiente” en manos de los ayuntamientos, por lo que reclamó que sea a éstos a los que se “incentive” para construir más VPO.

23-07-2008

24-07-2008 Cotizalia
La compra de suelo del Gobierno sólo permitirá edificar 3.000 viviendas protegidas
Pura cosmética. La decisión del Gobierno de comprar suelo por valor de 300 millones de euros para la construcción de vivienda protegida difícilmente puede justificarse como un plan de rescate a unas inmobiliarias que adeudan en conjunto más de 300.000 millones. Representa apenas un uno por mil. Tampoco puede considerarse una medida para reforzar la política de vivienda protegida del Ejecutivo. Y es que ese desembolso apenas permitirá la construcción de 3.000 viviendas de protección oficial, una cifra menor si se tiene en cuenta que en 2007 el número de VPO terminadas superó las 67.000, según datos del Ministerio de Vivienda.

24-07-2008 ABC
El plan del Gobierno para comprar suelo supone el 0,1% de la deuda de los promotores
Si algo llamaba la atención en los momentos previos a la conferencia que la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, impartió ayer en Madrid, invitada por el diario «Cinco Días», eran las ausencias. La representación institucional del sector inmobiliario se limitó a las asociaciones de promotores, Asprima y Apce. Algún representante de inmobiliaria no cotizada se dejó caer, pero los «grandes» del sector -tan habituales en cada acto del Ministerio en otros momentos- brillaron por su ausencia, dejando clara su desesperanza absoluta respecto a la política de este departamento y, en general, del Gobierno.
Y el plan es, en esencia, un brindis al sol. El ministerio de Vivienda convocará, a través de Sepes -la entidad encargada de la gestión de suelo público-, una oferta pública de compra de suelo limitada a 300 millones de euros, una cantidad que en el sector suena a «más que insuficiente» y que representa apenas el 0,1% de lo que las promotoras deben a los bancos.

24-07-2008 Libertad Digital
Crisis inexistente, medidas equivocadas
El Gobierno ha decidido obviar las leyes del mercado y socorrer a las empresas ineficientes anunciando la compra de suelo privado por valor de 300 millones de euros. Con esta medida, la ministra de Vivienda contradice al cada vez más cuestionado Solbes sin aportar, además, ninguna solución para superar la crisis económica que atraviesa España. Los socialistas no se aclaran, y cuando toman alguna decisión para afrontar los problemas, se equivocan.