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Marbella tiene más de 30.000 viviendas ilegales

El 15% deberán ser demolidas al estar en suelo público o zona verde y no responder a los criterios del ordenamiento. La localidad malagueña de Marbella vuelve a ser referente de la construcción más salvaje. La Junta de Andalucía ha anunciado su intención de arrebatar las competencias del ayuntamiento en materia urbanística con el objetivo de que se “recupere la normalidad y la legalidad” en la ciudad y “se dé tranquilidad a los bancos, promotores y usuarios”, de forma que el municipio vuelva a ser sinónimo de turismo de calidad.

Para ello, primero deberá decidir qué hacer con las casi 30.000 viviendas que están fuera del planeamiento urbanístico legal al ser levantadas en virtud de un millar de licencias de obras que han sido impugnadas ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Las administraciones calculan que sólo el 85% de esas viviendas podrían ser normalizadas en el nuevo Plan de Ordenación Urbana (PGOU), en fase de redacción.

El resto, unas 5.000 casas, deberán ser analizadas caso por caso en los tribunales, ya que se trata del ejemplo más claro del urbanismo salvaje de los últimos años del Grupo Independiente Liberal (GIL): construcciones en suelo no urbanizable, protegido o destinado a equipamientos públicos y sistemas de importancia estratégica.

Entre éstas, la ya famosa urbanización Banana Beach, unos 300 apartamentos construidos en zona verde y comiendo terreno a la playa, que ha supuesto la primera sentencia firme contra el exalcalde Julián Muñoz y otros seis antiguos ediles del GIL por delito urbanístico.

LA CASA DE BANDERAS

En situación parecida se encuentra la casa del actor Antonio Banderas, en la exclusiva urbanización Los Montero, cuya licencia de construcción también ha sido anulada por el alto tribunal andaluz.

El ayuntamiento ha estimado en 6.500 millones de euros el precio para devolver la legalidad urbanística a Marbella, un dinero que se iría en indemnizaciones a los propietarios de las viviendas ilegales, en la anulación de convenios urbanísticos ya firmados e incluso en compensaciones a los dueños de terrenos urbanizables (69 hectáreas según el nuevo planeamiento) que pasarían a manos de la corporación para equipamiento público.

PLANEAMIENTO INEXISTENTE

La elevada cifra de casas en situación irregular no sorprende a muchos en Marbella, más cuando el propio avance del PGOU que las administraciones local y regional elaboran en estos momentos reconoce que “el urbanismo municipal se ha desarrollado desde 1991 con desprecio al plan vigente y sobre un planeamiento inexistente”.

Más dura se muestra la primera sentencia del TSJA por el caso Banana Beach, que especifica que el urbanismo se hacía “a la carta”, según los intereses económicos de promotores y constructores.

Así, una población de cerca de 125.000 habitantes censados dispone en la actualidad de un parque de 80.000 viviendas, y sus previsiones de crecimiento urbanístico eran similares al de una gran ciudad de 600.000 habitantes.

REVISIÓN DE PLANES

La razón de esta forma de hacer crecer la ciudad es fácil.
Cuando Jesús Gil llegó al ayuntamiento en 1991, el PGOU vigente era el de 1986, pero no era completamente legal al no haberse publicado en el boletín oficial autonómico.

En vez de publicarlo, hizo diversas revisiones en los sucesivos años, en los que las reservas para suelo público eran tapadas en el planeamiento siguiente conforme a los intereses económicos de los constructores.

En 1998, la corporación local aprobó, en un polémico pleno convocado por la noche, el nuevo avance del PGOU, que fue rechazado por la Junta e impugnado posteriormente ante el TSJA, que lo anuló en el 2003.

Fue entonces cuando la Junta pudo empezar a recurrir los permisos urbanísticos. No obstante, el ayuntamiento siguió entregando todas las licencias de obra a ese plan del 98, con una frecuencia de 15.000 viviendas anuales.

Tras la moción de censura de hace dos años, se publicó por fin el PGOU de 1986, y el ayuntamiento y la Junta acordaron actualizarlo de forma conjunta.

No obstante, la Administración andaluza sostiene que la alcaldesa Marisol Yagüe y su equipo se han dedicado a consolidar el urbanismo desfasado de anteriores mandatos, mediante la no revisión de los permisos de obra impugnados en los tribunales (unas 6.000 viviendas), la concesión de licencias de habitabilidad a edificios considerados ya por la Justicia ilegales o incluso al no acatar las diversas paralizaciones decretadas por el TSJA (sólo en este año se anulan un millar de casas).

La alcaldesa se defiende asegurando que se ha reducido drásticamente el número de licencias de obra, no más de 500, y siempre conforme al ordenamiento de 1986.

Marisol Yagüe mantiene que han precintado las promociones paradas, “pero no podemos dejar un policía permanentemente porque la ciudad quedaría desatendida”, y atribuye a un error la concesión de cédulas de habitabilidad, al no incluirse en los expedientes la orden de paralización.

Ya ha dicho que no está dispuesta a que Marbella sea el primer municipio español sin competencias urbanísticas, y anuncia que recurrirá la decisión por inconstitucional.
El pulso con la Junta está servido.

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