01-12-2005 Vivienda, Vivienda Marbella

01-12-2005 ABC
Marbella
Adiós al paraíso de los manejos urbanísticos

Los escándalos urbanísticos han llevado a la Junta de Andalucía a retirar las competencias a Marbella, considerada «la joya de la corona» de la Costa del Sol por empresarios y constructores. Desde las pasadas elecciones municipales, el Gobierno andaluz ha impugnado en los tribunales más de 200 licencias, casi las mismas que acumularon los gobiernos de Jesús Gil y Julian Muñoz en doce años.

Pese a ello, la alcaldesa de Marbella, retó ayer al presidente Chaves a que demuestre que en su gobierno se haya dado licencia contraria al PGOU vigente del 86. Yagþe insistió en que desde que asumió la Alcaldía en agosto de 2003, sólo han concedido durante este año y medio, 400 licencias urbanísticas, frente a las 12.000 por año que concedieron los anteriores equipos de Gobierno del GIL.

Tras el anuncio de Chaves de retirar las competencias al Ayuntamiento marbellí, empresarios, constructores y promotores de la zona consideran que la ciudad está «herida de muerte» y piden a las dos administraciones puntos de encuentros para no paralizar económicamente la ciudad.

La lucha entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella por el urbanismo de la ciudad ocasionó una pérdida a los empresarios de casi 4 mil millones de euros en 2004, según denunció la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga.

La media de viviendas visadas por el Colegio de Arquitectos en la provincia malagueña ascienden a unas 45.000 por año, de las cuales un 50% corresponden a Marbella.

Sin embargo, esta cifra bajó hasta la mitad por la crispación política entre el Gobierno andaluz y el Consistorio marbellí, según el secretario general de los constructores y promotores malagueños, Juan Moreno.

El empresario malagueño aseguró que existe «decepción» y «preocupación» en el sector por la medida adoptada por la Junta de Andalucía. Afirmó que «desde hace varios meses, o incluso años, estamos trabajando junto a la Confederación de Empresarios de Andalucía y la Confederación de Empresarios de Málaga para que las dos administraciones implicadas, Junta y Ayuntamiento, pudieran dialogar sobre la situación creada en Marbella y llegar a acuerdos que resolvieran de una vez por todas esta grave situación».

Moreno lamentó que nuevamente Marbella y, por lo tanto, toda la Costa del Sol vuelve a ser protagonista por noticias negativas «que aumentarán la desconfianza ya existente en inversores y potenciales compradores». El secretario general de los constructores y promotores aseguró que la nueva situación de Marbella circula ya por todos los periódicos europeos.

Moreno no cree que ésta sea la medida adecuada para resolver los problemas de Marbella.

De cualquier forma, y por verle algo positivo, en adelante sólo tendremos que pedirle responsabilidades del futuro urbanístico de Marbella a una sola administración, la Junta de Andalucía», indicó.

El presidente de los constructores, José Prado, dijo que «estamos ante una medida atroz, de la que no existe precedente, que puede acabar con la economía de un gran número de personas». También el presidente de la Federación de Urbanizadores Andaluces y Nacionales, Ricardo Arranz, afirmó que Marbella está herida de muerte, al tiempo que calificó de «muy grave» la situación creada en la ciudad y subrayó que la medida responde a un nuevo episodio entre las administraciones andaluza y local por el control del urbanismo, lo que, a su juicio, no contribuye a resolver esta crisis instalada en la Costa del Sol desde hace muchos años.

Asimismo,el presidente del Centro de Iniciativas Turísticas de Marbella, Miguel Gómez, manifestó que siempre es sorpresivo que a una administración local se le prive de su autonomía y pidió a la Junta y al Ayuntamiento que busquen fórmulas para que no se paralice económicamente la ciudad.

Por el contrario, el presidente del Patronato de Turismo de la Costa del Sol,Juan Fraile, aplaudió «cualquier medida que devuelva la normalidad a Marbella».

Igualmente, el presidente del Consejo superio de Arquitectos de España, Carlos Hernández Pezzi, calificó la medida de «oportuna», aunque en su opinión «llegue tarde».

También fue significativo el respaldo que ayer dio la Federación Andaluza de municipios y Provincias al anuncio de Chaves. Así su presidente, Francisco Toscano apoyó ayer la medida de retirada de las competencias de urbanismo a Marbella aunque insistió en sus críticas a otros aspectos de la Ley del Suelo en la que se apoya la medida.

******************

01-12-2005 La Opinión de Málaga
www.laopiniondemalaga.com

Marbella, ahogada, tras perder el 90% de sus ingresos urbanísticos

Junta y Ayuntamiento mantienen posturas imposibles de casar y se cruzan datos

El capítulo de inversiones se ha resentido tanto que en los próximos Presupuestos no llega al 2%. Los trámites para que la Junta asuma las competencias urbanísticas podrían llevar entre 3 y 5 meses y, si hay recurso ante el Constitucional, el Consistorio llegaría a las elecciones como está.

Marbella, urbanismo, licencias, PGOU. La polémica lleva sobre la mesa varios años, pero el golpe de efecto dado el martes por el presidente de la Junta, Manuel Chaves, ya pesa como una losa. Tras una reunión de partido, anunció que se le retirarán al Ayuntamiento las competencias en materia de planeamiento y de firmas de convenio.

Seguirán, en cambio, pudiendo otorgar licencias de obra. Se falla en disciplina, se paga en planeamiento.

Desde el equipo de Gobierno se asegura que la actividad en cuanto a convenios urbanísticos es cero y, muy baja, en el apartado de licencias. Los ingresos por urbanismo se han reducido en dos años un 90%, lo que ahoga, paraliza, las arcas marbellíes (sumando las deudas contraídas con distintos organismos como Hacienda y la Seguridad Social).

Los Presupuestos para el año que viene, como muestra un botón, destinan menos de un 2% a inversiones.

El trámite administrativo anunciado por Chaves se iniciará el día 12 de diciembre. El asunto tendrá que ser aprobado en Consejo de Gobierno, cuya decisión deberá estar argumentada. ¿Cuándo y en qué casos se ha conculcado la disciplina urbanística? Después, habrá de iniciarse el paso del Consejo Consultivo, en el que el Ayuntamiento, de forma garantista, podrá alegar y defender todo aquello que estime oportuno.

Superado este trámite, una vez elevado el dictamen, el Parlamento andaluz deberá aprobar el texto.

La ley no tasa tiempos. Mucho menos el artículo 28, al que se acoge la Junta, supuestamente tras detectar continuos incumplimientos en el otorgamiento de licencias y ninguna actitud de enmienda. Fuentes municipales indicaron ayer a este diario que, en condiciones normales, todo este proceso llevará entre 3 y 5 meses.

Eso, de entrada, porque, aunque el trámite se desarrollara conforme a lo anunciado por Chaves, al Ayuntamiento le cabe la opción del Tribunal Constitucional. Durante este tiempo, le serían devueltas las competencias a la espera del pronunciamiento del alto tribunal. En todo caso, los fallos del TC raramente tardan en producirse menos de un año.

La conclusión es que la suma de los dos trámites expuestos podría llevar al equipo de Gobierno a la próxima cita electoral con sus competencias intactas.

Dos versiones antagónicas. Escuchar las opiniones de unos y otros es simplemente asistir a un debate con argumentos contrarios imposibles de casar.

Por un lado, la Junta recuerda que desde el año 2003, considerado como hito, el TSJA sienta jurisprudencia en contra del Ayuntamiento marbellí. El equipo de Gobierno contesta que, desde que rige Marisol Yagüe, no se ha conculcado nada y que ellos no pueden pagar los males infligidos por anteriores regidores.

La postura autonómica es avalada por 21 sentencias del TSJA (8 de ellas firmes); 420 impugnaciones de licencia desde 1995 (209 en tiempos de Yagüe); 115 traslados al ministerio fiscal (51 con Yagüe); unos 70 autos del TSJA obligando a la suspensión cautelar de licencias y obras, y 307 requerimientos de la Junta al Consistorio para que revise o anule licencias otorgadas con desarreglo al PGOU aún vigente del 86.

Descenso. El Ayuntamiento esgrime el citado 90% para contradecir las acusaciones de la Junta. Ni mucho menos, defiende, que se está llevando a cabo la misma actividad urbanística que en tiempos anteriores. Además, se mantiene que, al albur del nuevo PGOU, en trámite, no se ha firmado ningún convenio urbanístico.

Dicho texto, cuyo equipo redactor encabeza Manuel Ã?ngel Fustegueras, y coordina Arturo Moya, ha superado ya el trámite de información pública, en la que ciudadanos y colectivos han realizado 2.650 alegaciones.

En el documento, se cifra en 30.000 las viviendas ilegales del municipio. Los técnicos consideran que se podrían legalizar unas 25.000.

Efectos. El problema de las viviendas ilegales es que los compradores y promotores han cumplido con todos los preceptos jurídicos (IVA, notarías, escrituras…)

El Ayuntamiento calcula que las indemnizaciones a particulares y empresas podrían alcanzar los 6.500 millones de euros, según lo declarado recientemente por Moya, que señala la paradoja de que Gobierno central y Junta de Andalucía han podido recaudar por esta actividad casi 100.000 millones de las antiguas pesetas.

Anuncio. Para esta mañana, Moya tiene previsto comparecer ante la prensa para expresar una postura oficial. El discurso se adivina duro.

No en vano, de prosperar el anuncio de la Junta, quedaría en manos autonómicas la supervisión del nuevo PGOU.

Por otra parte, la Ley del Suelo, que faculta a la Administración andaluza a tomar esta medida, no incluye el desarrollo concreto sobre cómo se asumirían dichas competencias, aspecto que comenzara a prepararse durante los próximos días.

ABC