09-02-2006

09-02-2006 La Quincena
Madrid - La Comunidad amplía el acceso a una vivienda social a rentas de hasta 28.000 Euros anuales

El Consejo de Gobierno aprueba el nuevo decreto de adjudicaciones de viviendas públicas del IVIMA. El CES aprueba por unanimidad un informe favorable al nuevo decreto de adjudicaciones del IVIMA. Se simplifica el sistema para reservar viviendas a personas en situación de especial necesidad. Incorpora un método de adjudicación urgente para casos de emergencia social
La Comunidad ha aprobado el nuevo decreto que regula las adjudicaciones de vivienda pública de alquiler promovidas por el IVIMA, que permite que un mayor porcentaje de población acceda a estas viviendas al ampliar los posibles beneficiarios a rentas de hasta 28.000 Euros (lo que supone 3,5 veces el IPREM, actual índice de referencia para el cálculo de ingresos), frente a los 15.000 Euros de renta fijados hasta ahora.

El vicepresidente primero y portavoz, Ignacio González, destacó que el decreto es fruto del consenso institucional, ya que incorpora las sugerencias aportadas por el Consejo Económico y Social (CES), que ha emitido un informe favorable al nuevo decreto aprobado por unanimidad
por los miembros de este organismo.

El nuevo decreto, según explicó González, simplifica el vigente sistema para reservar viviendas del IVIMA a personas que se encuentran en una situación de especial necesidad y crea un nuevo mecanismo de adjudicación de emergencia social previsto para acontecimientos
extraordinarios como derrumbamientos, catástrofes naturales o actos de
terrorismo que requieran la intervención pública inmediata.

Una actualización de renta necesaria El límite de ingresos familiares para acceder a una vivienda protegida en arrendamiento del IVIMA está fijado actualmente en 15.000 euros anuales
(2,3 veces el IPREM), una cuantía que al no modificarse desde hace seis años ha impedido que demandantes de vivienda pública con rentas bajas pudieran acceder a una vivienda. Con el nuevo decreto se corrige esta situación de forma que un mayor porcentaje de población pueda acceder a estas viviendas protegidas.

Asimismo, se hace más sencillo el sistema de adjudicación por sorteo al crear un único cupo general por ingresos, aquellos que no superen las 3,5 veces el IPREM, frente a los tres cupos existentes en la actualidad, lo que permitirá que las promociones cuenten con una mayor
heterogeneidad social que facilita la integración y buena convivencia. Se establece que un mínimo del 60% de las viviendas de cada promoción se adjudicará por sorteo.

Especial necesidad

Las personas que se encuentren en una situación de especial necesidad podrán acceder a una vivienda pública de la Comunidad a través de un baremo que tendrá en cuenta su situación personal y que simplifica el procedimiento vigente. Con el nuevo procedimiento se valorarán las
circunstancias económicas, las minusvalías, las cargas familiares, los casos de violencia de género, la antigüedad de la solicitud y otras circunstancias de especial gravedad.

Se consideran de especial necesidad las personas que habitan infraviviendas, que vayan a ser desahuciadas o aquellas cuya situación personal haga necesario el cambio de vivienda, entre otras circunstancias.

Estas personas también tendrán que cumplir los requisitos básicos de acceso.

Emergencia social

Una de las novedades del decreto es la creación de un sistema de adjudicación de viviendas públicas debido a una emergencia social que requiera la intervención de la administración pública. El Consejo de Gobierno podrá adjudicar viviendas públicas a los afectados por un acontecimiento extraordinario que dejase sin vivienda o en una situación de especial gravedad a algún individuo o colectivo social.

Además, para mejorar la convivencia vecinal el IVIMA podrá adoptar medidas que favorezcan la integración de los inquilinos mediante la intervención de asistentes y educadores sociales en sus promociones.

El IVIMA, que es el mayor promotor público de vivienda de España, cuenta con un parque de más de 23.000 viviendas situadas por toda la Comunidad, además de garajes y locales comerciales.

A lo largo de ejercicio 2006, la promotora pública iniciará la construcción de más de
1.500 viviendas sociales.