18-04-2007

La ministra de Vivienda no llega al aprobado después de tres años de gestión. Una encuesta efectuada por este suplemento revela que María Antonia Trujillo suspende en todas las facetas significativas de su labor. Sólo la creación del ministerio consigue un cinco raspado.

El 18 de abril María Antonia Trujillo cumplirá tres años al frente del Ministerio de Vivienda, una cartera que se creó con la llegada de nuevo al poder del PSOE. SU VIVIENDA ha solicitado a políticos de todos los signos y expertos del sector inmobiliario sus opiniones sobre la gestión realizada por la ministra y su gabinete en estos 36 meses.

La conclusión, aunque no sin destacar algunos aspectos valorados positivamente, es que Trujillo tendría que volver en septiembre si esto fuera un examen de fin de curso. Quizá este resultado no sea demasiado sorprendente si se tiene en cuenta que, normalmente, en las encuestas realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) la ministra recibe las peores calificaciones aportadas por los españoles de todo el Ejecutivo socialista.

Moderación de los precios, redacción y aprobación de la Ley del Suelo y fomento del alquiler han sido los tres pilares en los que se ha basado la política de Trujillo. «Desde su primera comparecencia, la ministra persiguió el aterrizaje de los precios que se está produciendo», afirma Francisco Contreras, portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Socialista.

Por su parte, Pablo Matos, portavoz de Fomento y Vivienda del Partido Popular, opina que la gestión gubernamental poco ha tenido que ver en la regulación de los precios de la vivienda. «Desde marzo de 2004 a diciembre de 2006, el precio ha subido del 36,7% en toda España».

Respecto a la creación de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), la unanimidad sobre su fracaso es casi total. A excepción del PSOE, que opina que la SPA «no pretende resolver el problema, pero sí dar una seguridad jurídica a los ciudadanos», el resto de los consultados la califica de deficiente e incluso algunos de fracaso.

Finalmente, en lo relativo a la Ley del Suelo, Francisco Contreras asegura: «Es un serio intento de acabar con la especulación, de obligar a la reserva del 30% del suelo para viviendas con algún grado de protección y de aportar más transparencia para garantizar las actuaciones urbanísticas».

Pablo Matos, por su parte, señala que el texto «sólo sirve para abaratar el precio de las expropiaciones». Además, dice que no hay ni una sola medida para frenar la subida de los precios.

María Antonia Trujillo cumple tres años al frente del Ministerio de Vivienda. Es el momento de hacer una evaluación de sus logros y de sus ideas, en muchas ocasiones polémicas, valoradas siempre según con el color del cristal con que se miren.

Partidos políticos, comunidades autónomas (CCAA), consumidores y otros expertos del sector hablan para este suplemento acerca de los puntos fundamentales que conforman una misma piedra angular: la gestión de la ministra.

Precios

Una de las banderas de la política cuando María Antonia Trujillo debutó en su nuevo despacho fue bajar los precios de la vivienda. «Desde su primera comparecencia, persiguió el aterrizaje de los precios, que se está produciendo. Desde el incremento del 18,8% que había cuando llegó al 9,1% de 2006. En 2007 la subida estará por debajo del 7% en España», asegura Francisco Contreras, portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Socialista.

El Ministerio tiene mucho que ver en la desaceleración a juicio de Contreras. «Esta tendencia va a seguir porque la VPO iniciada ha pasado del 8% al 14% o 15% del volumen total de vivienda actuales y eso se acusará más el próximo año», añade.

Pablo Matos, portavoz de Fomento y Vivienda del PP en el Congreso, opina de otra forma: «Desde marzo de 2004 a diciembre de 2006 el precio ha subido el 36,7% en toda España. Hoy debe estar por encima del 40%. Precisamente, tres comunidades del PSOE son las que más han subido: Castilla-La Mancha (46,5%), Galicia (43,9%) y Aragón (43%)».

La causa, a su juicio, de la desaceleración no se debe a la política ministerial. «Buena parte de la demanda que antes estaba ya al límite de sus opciones de adquisición ahora está fuera del mercado, sin opciones de comprar», dice Matos.

Pere Macias, portavoz de CiU en el Senado, va más allá antes de hablar de los precios. «No había materia para crear un Ministerio de Vivienda si no tiene competencias. Lo mejor habría sido crear un comisionado y no crear una estructura que duplica gastos. Para administrar el reparto de fondos a las CCAA no hace falta un Ministerio», afirma. Dicho esto, piensa que «los precios siempre tienen que ver con otros factores que no son los políticos».

«La moderada desaceleración, por debajo de los dos dígitos, en la escandalosa subida del precio de los últimos años, aun siendo una buena noticia, en modo alguno puede ser atribuida a la política del Gobierno socialista», dice Gaspar Llamazares, coordinador general de Izquierda Unida (IU).

Las comunidades autónomas también opinan al respecto. Así, en la Junta de Castilla-La Mancha consideran que «es difícil evaluar el impacto directo de las diferentes políticas públicas del Estado sobre la evolución del mercado», aunque sí creen «innegable» que ha habido un incremento de construcción de vivienda protegida (VPO) -eso sí, «de 1996 a 2002»-, gracias a que el Estado y las CCAA han establecido «precios máximos más realistas».

Mariano Zabía, consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid (CAM), afirma que el menor incremento del precio de la vivienda se debe a que «la coyuntura del mercado inmobiliario ha favorecido la situación». En la Consejería de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana van más allá y aseguran que «los méritos sólo son atribuibles a las CCAA, que son las que tienen la competencia de fijar los precios de los inmuebles de protección pública», calificando la gestión del Ministerio de «normal» al «haber respondido positivamente» a las propuestas autonómicas.

En la Federación de consumidores en Acción (Facua) se critica con fuerza la posibilidad que se ofrece a las autonomías de adecuar los precios máximos de venta de las viviendas protegidas.

Alquiler

Otra de las puntas de lanza del Ministerio de Vivienda ha sido el fomento del arrendamiento. Así nació la Sociedad Pública de Alquiler (SPA). «Es necesario fomentar el alquiler. La SPA no pretende resolver el problema, pero sí dar una seguridad jurídica a los ciudadanos», señala Francisco Contreras.

«La SPA es un fracaso. Según el secretario general técnico del Ministerio, hasta febrero de 2007 se han alquilado 2.556 viviendas y según la ministra se ha pasado de 4.000. Sólo la Agencia Municipal del Alquiler de Madrid ha logrado 3.057 contratos. Y en Canarias, 2.189. Esto da muestra de lo que es la SPA», dice Pablo Matos.

«El Ministerio ha cometido un error importante en la SPA. Crea una intromisión de competencias que no tiene sentido», indica Pere Macias. En IU señalan que criticaron desde el principio esa sociedad. «Consideramos que no se ofrecían suficientes garantías a los propietarios de vivienda ni precios lo suficientemente competitivos a los interesados en alquilar una residencia», apunta Llamazares.

En el departamento de Alejandro Gil, consejero de Vivienda y Urbanismo de Castilla-La Mancha, apuntan que el alquiler «es la gran apuesta de esta legislatura y la que mayores frutos habrá de deparar en un futuro inmediato».

Mariano Zabía es contundente: «El Plan de Choque del Ministerio para el fomento del mercado del alquiler es un rotundo fracaso». Desde su departamento denuncian que los requisitos establecidos por Vivienda para que los inquilinos accedan a las ayudas estatales las convierten en prácticamente inalcanzables y acusan al Ministerio de «impedir que la CAM destine estas ayudas a otras líneas de fomento del alquiler».

En la Consejería de Esteban González Pons (Generalitat Valenciana) consideran: «Esta entidad arrastra un importante déficit que no se compensa con los lamentables resultados obtenidos».

José Luis Arroyo, vicepresidente del Consejo de la Juventud de España, apunta: «Sería necesario un cambio en la política fiscal que permita incentivar la salida al mercado de viviendas en alquiler». Su institución aboga por «generar un parque público de alquiler lo suficientemente importante» como para poder cubrir la gran demanda actual.

Ley del Suelo

«La nueva Ley del Suelo es un serio intento de acabar con la especulación, obligar a la reserva del 30% del suelo para viviendas con alguna protección, dotar a los ayuntamientos de reservas de fondos públicos de entre el 5% y el 15%, y más transparencia para garantizar las actuaciones urbanísticas», señala Contreras.

«La Ley sólo sirve para abaratar el precio de las expropiaciones», indica taxativo Pablo Matos. «No aparece ni una referencia para abaratar el precio de la vivienda», añade. «Debe entenderse como un instrumento capaz a medio plazo de suministrar vivienda a quienes no llegan y que éstos cada vez sean menos», apunta Pere Macias.

IU valora positivamente la Ley. «Destacamos el sustancial aumento del porcentaje de cesión de suelo para construcción de VPO, que los informes ambientales sean preceptivos y determinantes a la hora de autorizar nuevos proyectos o que se limita el crecimiento insostenible y desproporcionado, cuando esté basado en fines especulativos, de los pequeños municipios», dice Llamazares.

«La Ley del Suelo llega adonde puede, que no es demasiado. En este campo no vendría mal un cambio de la Constitución que permitiera un planeamiento territorial efectivo. Por otra parte, ya hay tal cantidad de suelo calificado que su eficacia tardará en verse», afirma Ricardo Aroca, decano del Colegio de Arquitectos de Madrid (Coam).

En la Consejería de Castilla-La Mancha explican que el proyecto encuentra su razón de ser en dos elementos que promovió la norma dictada en 1998. Según el departamento de Alejandro Gil, debe «acabar con el factor especulativo y devolver al suelo su verdadera finalidad social».

«Normativa intervencionista» y «ley con visos de inconstitucionalidad»; así han calificado desde Madrid y Valencia, respectivamente, al proyecto de ley. En Valencia señalan que «el Ministerio ha actuado a espaldas de las CCAA, incluso las de su propio color político».

«Por primera vez se regulan unos derechos y deberes de todos y no sólo los de los propietarios. Por tanto, se establece un verdadero estatuto básico de ciudadanía en relación con el suelo y el medio urbano y rural, hasta ahora inexistente», señalan en la Fuci.

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Una desaceleración esperada

Finalmente, el precio de la vivienda libre está dejando de subir, al menos de hacerlo al ritmo vertiginoso al que nos tenía acostumbrados en los últimos años. La desaceleración que refleja el coste de las casas es señalada por algunos como un fenómeno estructural ligado a la gran oferta de vivienda existente en el mercado, aunque desde el Ministerio encabezado por María Antonia Trujillo se atribuyan los méritos.

Hace escasos días, la titular de Vivienda aseguró durante una rueda de prensa en Valladolid que el precio de la vivienda libre «sube el 50% menos» desde que el PSOE se encuentra en el Gobierno. Trujillo se apoya en unos datos que señalan una evolución en la subida de los precios del 17,3% de 2004 al 9,1% de 2006. La ralentización es muy significativa.

Esto en lo que respecta a los datos brutos, pues en el detalle hay diferencias notables: según donde se mire el descenso se ha producido en el mercado libre, en algunas provincias la subida del precio se ha equiparado al Índice de Precios al consumo y, mientras, en otras se supera la media nacional.

Eso sí, tal y como ha recalcado Trujillo en numerosas ocasiones, es la primera vez en un lustro que el incremento anual de los precios de las viviendas baja de las dos cifras. Aun así, no falta quien ponga en duda o, al menos, mire con cautela los datos ofrecidos por el propio Ministerio.

Mientras tanto, el departamento de Trujillo debería hacer públicas las estadísticas referidas al primer trimestre del presente año en los próximos días, según ha recalcado ella misma.

Fuente:
ElMundo / SuVivienda (13-04-2007)