18-06-2007 Construcción, Ministerio de Vivienda, Ministra Vivienda

La Ministra de Vivienda inaugura el seminario “Impactos colaterales del urbanismo descontrolado” en la UIMP de Santander. La Ley de Suelo, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, se expondrá al análisis de destacados profesores universitarios, economistas y juristas. La Ley de Suelo combatirá el urbanismo descontrolado.

La Ministra de Vivienda, Maria Antonia Trujillo, ha inaugurado hoy en Santander el seminario “Impacto colaterales del urbanismo descontrolado” que dirige el Fiscal de Sala del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, y que va a desarrollarse hasta el próximo viernes, 22 de junio, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

María Antonia Trujillo ha explicado durante su intervención la profunda preocupación por el presente y el futuro del urbanismo en nuestro país que desde el Ministerio de Vivienda se comparte con los organizadores y participantes en este seminario. La Ministra ha reconocido que el desarrollo de nuestras ciudades es algo necesario y que tiene efectos muy positivos en el conjunto de la economía, en el nivel de empleo y en la calidad de vida de aquellos que las habitan. “Sin embargo, en demasiadas ocasiones, este desarrollo no responde a una necesidad real de la ciudadanía, sino a intereses inmobiliarios que no contribuyen a mejorar la situación de los ciudadanos”.

Estas situaciones, ha señalado Trujillo, están provocando un grave quebranto para la credibilidad de las Administraciones Públicas al identificar el ciudadano urbanismo con la idea de corrupción.

La Ministra de Vivienda ha explicado los pormenores de la nueva Ley de Suelo, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, durante su intervención en la inauguración de este seminario. Ha destacado que esta Ley asentará las políticas urbanas sobre principios como el de sostenibilidad, sometiendo los instrumentos de ordenación territorial y urbanística a evaluación medioambiental y estableciendo criterios básicos de utilización del suelo como la accesibilidad universal, la eficiencia energética, prevención y protección contra la contaminación o garantía de suministro de agua.

María Antonia Trujillo ha recordado además las novedades que aporta la Ley de Suelo en relación a los nuevos criterios de valoración del suelo y las medidas de transparencia que van encaminadas a dificultar actuaciones corruptas.

La Ministra ha concluido su intervención poniendo de manifiesto el compromiso del Gobierno por acabar con el urbanismo descontrolado: “Este tipo de urbanismo debe ser combatido por todos para garantizar el derecho constitucional de todos los ciudadanos a una vivienda digna y a un entorno medioambiental y socialmente sostenible”.

*** La Ley de Suelo - Principales medidas ***

** La Ley plantea, por primera vez, en la legislación estatal sobre el suelo, la necesidad de un desarrollo sostenible que garantice la conciliación del desarrollo económico con la calidad medioambiental y la cohesión social.

** La Ley establece unos principios básicos de sostenibilidad que habrán de ser tenidos en cuenta,
tanto por las legislaciones urbanísticas, como por los instrumentos de planeamiento, sea éste territorial o urbanístico: accesibilidad universal, igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, eficiencia energética, garantía de suministro de agua, prevención de riesgos, movilidad, prevención de la contaminación y limitación de sus efectos para la salud o el medio ambiente.
La Ley establece también medidas concretas en este sentido, directamente aplicables a los planes urbanísticos que elaboran, tramitan, aprueban y ejecutan los Ayuntamientos:

* la obligatoriedad de la evaluación ambiental de los planes

* la exigencia de recabar en la tramitación de los mismos determinados informes que tendrán carácter determinante para el contenido de la Memoria Ambiental, que sólo podrá disentir de ellos de forma expresamente motivada.

* la exigencia de una Memoria de sostenibilidad económica que tenga en cuenta el impacto en las Haciendas Públicas y en el coste de mantenimiento de las infraestructuras.

* la necesidad de una revisión global del planeamiento cuando el impacto de una actuación de urbanización (o de varias sucesivas) supere el 20%.

** La Ley garantizará la disponibilidad de suelo para la construcción de vivienda protegida,
con el fin de facilitar el acceso a la vivienda a todas las capas sociales, exigiendo no sólo la reserva de un mínimo del 30% de suelo en los nuevos desarrollos residenciales, sino también garantizando el destino de este suelo así reservado, impidiendo, por ejemplo, su venta para otras finalidades.

** La Ley fomentará la transparencia y la participación ciudadana en los procesos de transformación del suelo
-con medidas efectivas entre las que están, por ejemplo, la obligatoriedad de información pública en la tramitación de los instrumentos urbanísticos, incluidos los Convenios, la inclusión de un resumen ejecutivo de las alteraciones que se proponen (para que el ciudadano entienda lo que se pretende) y la publicidad en Internet de los citados instrumentos.

** La Ley dificultará actuaciones especulativas o corruptas, constituyendo un instrumento importante para la lucha que el Gobierno ha planteado contra la corrupción urbanística.
Para esto último, se establecen -en primer lugar- unos nuevos criterios de valoración del suelo que contemplan la situación real de los terrenos, indemnizando el riesgo y la inversión en su caso realizada, pero no las meras expectativas generadas por las previsiones de los planes; pero también se adoptan otras medidas como son la regulación de los conflictos de intereses de los concejales y directivos municipales o la obligatorieda de identificar a los propietarios (a lo largo de los últimos cinco años) de un suelo cuya recalificación comporte plusvalías importantes.

Seminario “Impactos colaterales del urbanismo descontrolado”

En el seminario participan destacados profesores universitarios, economistas y juristas de nuestro país, como Antonio Vercher, el Fiscal Jefe de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo; Emilio Ontiveros, Catedrático de Economía de la Empresa de la UAM; José María Paz, Fiscal de Sala del Tribunal Supremo; Luciano Parejo, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid; Clemente Auger, Magistrado emérito de la Sala I del Tribunal Supremo.

El seminario, que tendrá una semana de duración, analizará el papel del urbanismo en nuestra sociedad desde múltiples puntos de vista: como factor de desarrollo económico y motor en la creación de empleo, pero también desde el punto de vista de sus impactos en el medioambiente, sobre el territorio o el desarrollo demográfico. El propósito del curso es abordar el fenómeno del urbanismo como factor de corrupción, un factor explosivo que se irradia en muchas direcciones. Además se analizarán las diferentes normativas urbanísticas y las leyes del suelo que se han aprobado en nuestro país. La Ley de Suelo aprobada por las Cortes Generales el pasado 10 de mayo será también objeto de análisis y debate.

18-06-2007 Ministerio de Vivienda