04-12-2005

04-12-2005 ABC
Hacienda ultima una norma que obligará a incluir en la escritura de la casa el medio de pago

Los empresarios en módulos tendrán que hacer una retención, que podría situarse en torno al 5%, en las facturas que emitan a otros empresarios o profesionales. El Gobierno está a punto de aprobar y enviar al Parlamento un proyecto de ley de Prevención del Fraude Fiscal, en el que se incluyen medidas para luchar contra las facturas falsas, las tramas de IVA, los paraísos fiscales o el fraude en el sector inmobiliario.

Entre las novedades de la nueva norma, con la que se pretende completar el plan de lucha contra el fraude puesto ya en marcha por la Agencia Tributaria, está la obligación de incluir en las escrituras de compra de los inmuebles el medio de pago. Además, para poder escriturar y acceder al Registro de la Propiedad será necesario consignar el NIF y la referencia catastral de la vivienda.

La norma incluye también medidas que afectan a los pequeños empresarios y profesionales que se acogen al sistema de módulos para tributar en el IRPF y el IVA.

Este sistema no grava el beneficio real de los negocios, sino unas cuantías hipotéticas de resultados que se calculan teniendo en cuenta unos parámetros objetivos, por lo que estos empresarios no están obligados a guardar facturas.

Retención en las facturas

El proyecto de ley establece la obligación de los empresarios que tributan en el régimen de módulos de IVA e IRPF de realizar una retención en las facturas que emitan para otros empresarios o profesionales. Aunque el porcentaje exacto de la retención todavía no está decidido, fuentes consultadas por ABC aseguraron que se baraja un porcentaje que se situaría entre el 2% y el 5%. Con esta medida se pretende «encarecer» el coste de hacer facturas falsas. La Agencia Tributaria explica que con el sistema actual emitir este tipo de facturas puede no tener ningún coste para los empresarios y profesionales que tributan en módulos, ya que no las tienen que presentar a la hora de liquidar sus declaraciones de renta. Con esta medida Hacienda pretende desincentivar o al menos encarecer el proceso de emisión de estas facturas y, por tanto, disminuir el fraude.

Desde el sector empresarial, sin embargo, se denuncia que esta obligación de retención puede complicar mucho la actividad normal de pequeños comerciantes y profesionales.

Asimismo, el Ejecutivo prevé revisar el recargo de equivalencia en el IVA, excluyendo de este sistema a los empresarios y profesionales que en el IRPF se acogen al régimen de estimación directa. En la norma se fijarán los sectores en los que se mantendrá este régimen especial para el IVA y se suprimirá para el resto, que se someterán al régimen simplificado o a un régimen de pagos trimestrales a cuenta.

La norma prevé también la exclusión del régimen de módulos a los contribuyentes que fraccionan sus actividades para no superar los límites y poder mantenerse en este sistema, diseñado para pequeños empresarios.

Las tramas del IVA son otro de los objetivos prioritarios del plan de lucha contra el fraude y una de las fórmulas que se ha buscado para atajarlo es establecer responsabilidades subsidiarias para todas las empresas que intervengan en el proceso.

La extensión de responsabilidades es criticada desde los ámbitos empresariales, porque entienden que se rompe «la buena fe» con la que se trabaja en las relaciones empresariales. En el ámbito de la ingeniería fiscal y el fraude internacional, la norma incluye medidas para identificar a los clientes de sucursales de entidades españolas en paraísos fiscales. Respecto a la residencia fiscal, se establece la presunción de residencia en España cuando concurran activos dominantes en nuestro país.

En todo caso y aunque el Gobierno apruebe en las próximas semanas el proyecto de ley, después se debe tramitar en el Congreso de los Diputados y en el Senado, por lo que es posible que estas medidas no entren en vigor hasta bien avanzado el próximo año.

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04-12-2005 ABC
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Los inspectores fiscales, de nuevo en pie de guerra

Las relaciones de los inspectores de Hacienda con la cúpula de la Agencia Tributaria y, por tanto, del Ministerio de Economía, atraviesan un momento difícil.

Pese a que el departamento que dirige Pedro Solbes defiende que la lucha contra el fraude es «la máxima prioridad» del Ministerio y prueba de ello, apuntan, es el plan puesto en marcha y el proyecto de ley que está a punto de aprobarse, desde la principal Asociación de inspectores, la antigua Apife, se acusa al Gobierno de «falta de voluntad política» en esta tarea. Se denuncia, en este sentido, que el plan aprobado por el Ejecutivo se ha quedado en un mero plan de prevención con falta de medios para su aplicación. Aseguran que ante la escasez de medios humanos, se intentan compensar los resultados de una actuación superficial con un mayor número de contribuyentes comprobados, pero una acción de esta naturaleza lo único que hace es consolidar el fraude.

Las críticas de este colectivo se centran, en particular, en el secretario de Estado de Hacienda, presidente también de la Agencia, del que aseguran que «ha menospreciado en numerosas ocasiones el trabajo que realizan los inspectores de Hacienda», que se consideran especialmente mal tratados y peor reconocidos que otros colectivos de la organización. Por todo ello, el pasado viernes pidieron al ministro su cese, como ya informó ABC.

Desde el Ministerio de Hacienda se niegan estas acusaciones y se pide a los inspectores que no mezclen reclamaciones laborales con la lucha contra el fraude.

En los últimos años las relaciones de los inspectores de Hacienda con los cargos políticos de la Agencia no han sido buenas. En la pasada legislatura, la entonces Apife pidió la dimisión del director de la Agencia, nombrado por el Gobierno popular, por considerar que no se estaban haciendo los deberes en materia de lucha contra el fraude. Entonces el PSOE utilizó estos argumentos contra el Ejecutivo. Hoy esos mismos inspectores, por causas similares, piden la dimisión del presidente de la Agencia, ahora nombrado por el Gobierno socialista, y el PP asegura que estas denuncias demuestran la ineficacia del Ejecutivo en la lucha contra el fraude. La historia vuelve a repetirse.

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