18-12-2005 Diario Galicia, Noticias Vivienda

18-12-2005 La Voz de Galicia
Galicia - Los promotores aplican en Galicia el urbanismo que la UE frenó en Valencia

La ordenación del litoral gallego. Los nuevos planes generales posibilitan que una inmobiliaria expropie fincas privadas. La Lei do Solo ya permite construir una urbanización sin comprar los terrenos. Los promotores inmobiliarios de toda España ya han empezado a aplicar en Galicia la normativa urbanística que el Parlamento Europeo acaba de frenar en la Comunidad Valenciana. Es una figura legal denominada agente urbanizador que, en la práctica, permite que una inmobiliaria expropie a propietarios de terrenos o casas para construir una gran urbanización privada.

Hasta ahora el sistema de expropiación en favor de un promotor inmobiliario sólo se está ejecutando en Galicia en la construcción de un polígono industrial en la comarca de Santiago (O Pino), aunque el Ayuntamiento de Miño (A Coruña) también ha expropiado una gran cantidad de terrenos para realizar un gran complejo turístico privado de más de 1.200 viviendas.

La figura fue incorporada a la Lei do Solo de Galicia (2002) redactada por el PP y que entró en vigor en el 2003. Sin embargo, hasta ahora casi no se ha utilizado debido a que la mayoría de los municipios gallegos aún están tramitando sus nuevos planes urbanísticos.

Sin embargo, varios agentes inmobiliarios están utilizando la futura aplicación de la expropiación como amenaza contra pequeños propietarios en O Morrazo, Porto do Son y Muros, advirtiéndoles de que si no venden ahora sus casas y fincas se quedarán sin ellas y recibirán menos dinero.

Una vez que un concello recalifica una zona de terrenos como suelo urbanizable (66 de los 73 ayuntamientos costeros gallegos lo están haciendo), el propietario de una casa o finca inmersa en la recalificación queda indefenso, ya que tiene la obligación de vender o adherirse al proyecto del agente urbanizador .

Esta figura legal ha dado lugar a más de 15.000 denuncias judiciales y reclamaciones en la Comunidad Valenciana, lo que generó una investigación en el Parlamento Europeo, que ha pedido su suspensión a la autonomía levantina.

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La normativa gallega lleva dos años en vigor y la valenciana, diez

La principal diferencia entre el impacto de las expropiaciones privadas en Galicia y en la Comunidad Valenciana está en que los promotores ya llevan diez años aplicándolas en la costa levantina, mientras que en Galicia la Lei do Solo apenas tiene dos años.

Valencia aplica el agente urbanizador como único sistema de gestión y permite la competencia de agentes en una misma urbanización. En Galicia, además de la expropiación privada (técnicamente es una concesión de gestión urbanística por iniciativa privada), la Xunta mantiene las figuras legales anteriores: juntas de compensación, cooperación y expropiación pública, y ha introducido el método del concierto.

La Comunidad Valenciana, a instancias de la UE, tramita la suspensión de 96 nuevas grandes urbanizaciones para construir unas 150.000 viviendas.

En Galicia, las primeras aplicaciones en O Pino y Porto do Son ya han empezado con polémica.

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Actitudes urbanísticas agresivas en la costa de O Son

El alcalde tuvo que intervenir después de que una empresa amenazara veladamente a algunos propietarios con expropiarles si no se incorporaban al proyecto que promueve en Baroña

Los celtas se adelantaron unos 2.500 años a las ansias por construir en primera línea de playa. La muestra, el castro de Baroña, catalogado como Patrimonio Artístico Nacional. Se encuentra el vestigio en el municipio de Porto do Son, hoy por hoy, epicentro del interés urbanístico playero, hasta el punto de que el alcalde, el socialista Ramón Quintáns Vila, se vio obligado a publicar un bando para parar los pies a una constructora.

Los descendientes de aquellos pobladores que soportaron como pudieron la invasión romana del siglo I antes de Cristo se vieron amenazados por armas bien distintas a las espadas y lanzas que blandían las hordas del césar. Primero, por una carta que contiene tres palabras remarcadas: «Adquisición por compra».

Buceando en los contenidos de la notificación se deduce que la firma quiere desarrollar urbanísticamente una extensión en la zona de los castros de Baroña, concretamente la que denomina polígono 13. La empresa se ha molestado en comprobar en el catastro quiénes son los titulares de las anheladas parcelas.

Segunda carta

Datada en el 18 de abril llega a los baroñeses una segunda carta, en la que la promotora ha dado más pasos; el más sorprendente es que incluso ha contratado a un perito para valorar las tierras: 5,50 euros el metro cuadrado, base que utilizan para concluir que es una «oferta muy ventajosa».

En una segunda parte del escrito las formas empiezan a flaquear. La empresa advierte que es la última vez que se dirige al titular, pero tiene la delicadeza de darle un mes «como máximo» para reflexionar; si persiste el silencio, «entenderemos su rechazo a la oferta».

Y luego viene la amenaza velada, tras informar al propietario que «esta entidad está firmemente decidida a llevar a cabo el proyecto (…) por cualquiera de los procedimientos legales». Ahí está la clave. La Lei do Solo establece que si alguno de los propietarios no se incorpora a la junta de compensación, ésta puede solicitar la expropiación e incluso la ocupación de las tierras, aunque los titulares tienen derecho a la adjudicación de edificabilidad proporcional.

La notificación causó tanta alarma en Baroña que el alcalde publicó un bando contundente, en el que señala que la empresa ni siquiera tiene licencia para hacer una urbanización, y que en sus nueve años de mandatario nunca ha recurrido a la expropiación ni lo hará ahora para una empresa privada: «E por último, o que ten que saber si a oferta é moi vantaxosa ou non, é o que vende e non o que compra», advierte Quintáns Vila.

Si el procedimiento levantó sospechas, pues se desconocen las posibilidades urbanísticas de Baroña por estar el planeamiento municipal en proceso de redacción, éstas se multiplicaron cuando se comprobó que un operario del equipo técnico del Concello estaba relacionado con la empresa, pero cesó en el puesto tan pronto se confirmó la vinculación a raíz de una iniciativa plenaria del popular Antonio González Groveiro.

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