09-04-2007 Burbuja Inmobiliaria, Vivienda Galicia

El secretario de Organización del PSdeG-PSOE, Ricardo Varela, se comprometió ayer a que en las filas de su partido “no habrá ningún alcalde que compatibilice la condición de regidor con la de promotor inmobiliario”.

Este dirigente socialista, que ocupa también el cargo de conselleiro de Traballo, contestó así a las acusaciones realizadas por el PPdeG, que le acusa de mirar hacia otro en lado en el caso de las supuestas “irregularidades” de Foz y Viveiro, ambos municipios con alcaldes socialistas.
Ricardo Varela manifestó que la única cuestión que se le imputa a su formación es la del Ayuntamiento de Cabanas.

En este municipio un fallo judicial condenó a la regidora socialista de irregularidades urbanísticas. Tras dictarse esta sentencia, la alcaldesa dejó el puesto.

En Foz, el secretario xeral del PSdeG-PSOE niega que el alcalde haya cometido ninguna infracción urbanística y únicamente admite que hubo irregularidades.

En este caso, el origen de las acusaciones está en la concesión de licencias de construcción después de que el Plan Xeral de este municipio fuese paralizado.

Se trata de 41 permisos, con los que se podrían edificar 1.350 viviendas.

Este conflicto ha terminado en los tribunales por partida doble. Por un lado, el PP ha formaliado una denuncia. Además, la Consellería de Política Territorial, al no encontrar respuesta a sus requerimientos para anular los permisos, ha interpuesto también un recurso contencioso administrativo.

Dos posiciones

En Foz, la posición del PSOE -fijada a través de Ricardo Varela- y la de la Xunta -a través de la conselleira María José Caride- no siempre han sido coincidentes al cien por cien. Mientras Varela se ha esforzado en minimizar las supuestas irregularidades, Caride ha tratado de presentar este caso como un ejemplo de que su consellería no sólo actúa en los municipios del PP.

Varela, en una entrevista concedida a la Ser, volvió a asegurar:
“No hubo una infracción urbanística, sino una irregularidad (…) La Xunta se vio obligada a solicitar al ayuntamiento que respete esa legalidad”.

A renglón seguido, acusó a los populares de aprovechar los casos de Foz y Cabanas para practicar la “política del calamar” e intentar “manchar todo de tinta” para sembrar la confusión y trasladar a la sociedad que los problemas de urbanismo surgen en todos los municipios por igual, con independencia del color del partido político que gobierne en ese momento.

09-04-2007 www.farodevigo.es