13-04-2006 Burbuja Inmobiliaria, Ministerio de Vivienda, Vivienda

13-04-2006 Diario de Sevilla
El Plan Antifraude y sus alcances dentro del sector inmobiliario

Ya está comenzando a dar sus frutos el Plan de Prevención Antifraude de la Agencia Tributaria. Esta norma, de consulta disponible en www.aeat.es, recoge un pormenorizado análisis de la problemática defraudatoria fiscal y propone una serie de medidas para mejorar la eficacia de la Agencia Tributaria. El plan, como su propio nombre indica, pretende cercar al defraudador y detectar y sancionar las conductas fraudulentas que no sólo pecan de insolidarias sino en muchos casos de delictivas. Es de visita recomendable la sección de consultas y sugerencias habilitada por Hacienda, que da idea del diseño participativo que ha inspirado el Plan Antifraude.

El sector inmobiliario está en el punto de mira del plan. Al respecto, la preocupación de Hacienda estriba, entre otras cosas, en la ocultación de ingresos mediante la declaración de precios de venta de los inmuebles inferiores a los reales y a fraudes relacionados con las facturas falsas.

Es sin duda un plan ambicioso y meridianamente necesario para lavar la cara del sector, habida cuenta de la proliferación de conductas evasivas, que, sin fundamentar la mala fama fiscal que acompaña a promotores y constructores, sí que han provocado sonados y condenables casos de delitos fiscales con trascendencia mediática.

Entre las medidas propuestas para el sector inmobiliario, que van a tomar forma en la futura Ley de Prevención del Fraude, se recogen algunas como las siguientes:

–Aumentar las visitas de inspección. El nuevo Reglamento de Procedimientos de Inspección habilita incluso que se podrán realizar las inspecciones fuera del horario habitual de oficinas.

–Ampliación del ámbito de inspección de las actuaciones, de modo que se profundizará en las “comprobaciones verticales” para cubrir todas las fases de la cadena de valor del sector inmobiliario.

–Para luchar contra la generación y circulación de dinero negro se prevé que en la escritura de compraventa de inmuebles se incluya información sobre la forma y medios de pago.

–Para descubrir alquileres no declarados será obligatoria la inclusión de las referencias catastrales en aún más documentos y transacciones.

–Los que intervengan en alguna operación tendrán que adjuntar también su NIF si quieren inscribir el inmueble en el Registro de la Propiedad.

–Creación de unidades especializadas en la lucha contra el fraude en la vivienda. Aunque esta medida estaba prevista en el plan antifraude inicial, no ha sido hasta la aprobación del Plan de Control Tributario del ejercicio 2006 cuando se ha puesto en práctica. Se trata de equipos multidisciplinares que centralizados en la Oficina Nacional de Inspección del Fraude (ONIF) de Madrid tienen estructura además ya en Andalucía, Cataluña y Valencia.

Desde algunos ámbitos se ha cuestionado la efectividad de estas medidas y se han lanzado duras críticas, ante las que Hacienda argumenta que su plan ejercerá un “efecto disuasorio”. Lo cierto es que ya hay resultados tangibles. Durante 2005 se han llevado a cabo 4.325 actuaciones en Andalucía, lo que supone un incremento del 42 por ciento con respecto al año anterior. La actividad global de la Agencia contra los delitos fiscales se cerró el pasado año con el ingreso de 640 millones de euros, un 23,4 por ciento más que en 2004. Estas cifras se complementan con la de que Hacienda remitió a la Justicia 245 expedientes para que se investigue el presunto delito de fraude de 179 contribuyentes en Andalucía (para tipificar el delito de desfalco se han de superar los 120.000 euros).

En resumen, consideramos que cualquier medida pública tendente a eliminar conductas fraudulentas y delictivas debe contar con el aplauso de los agentes implicados en el sector económico objeto de análisis. Sin embargo, no se deben ignorar declaraciones de agentes clave del sector manifestando, por ejemplo, su preocupación por la mayor carga de trabajo administrativo que suponen las inspecciones fiscales para las empresas o la necesidad de que los inspectores cuenten con formación específica sobre el ámbito inmobiliario. Respecto al primer punto, confiamos en que la calidad de las inspecciones hará que con el tiempo éstas se realicen en gran parte cruzando y analizando previamente la información disponible por Hacienda en sus propios registros y en otros a su alcance y disposición. En relación al segundo, esperamos que el riesgo de la falta de formación se diluya con las unidades especializadas mencionadas.

En el caso concreto de la Vivienda de Protección Oficial, la Agencia lo tiene mucho más fácil debido a la multitud de controles administrativos adicionales que existen. Por ejemplo, son las comunidades autónomas las que controlan los expedientes de VPO y las que cuentan con toda la información concerniente a las ventas de la promoción, a través de los visados de contratos. Además, el aspecto financiero de la promoción se encuentra altamente regulado por el Ministerio de la Vivienda, que es el que otorga la financiación cualificada, alma mater de cualquier proyecto de VPO.

Adicionalmente, en algunas comunidades, como la andaluza, se está eliminando la posibilidad de aceptar dinero negro por el promotor al materializarse el requisito del sorteo previo de las viviendas. Asimismo, las segundas y ulteriores transmisiones se comienzan a controlar en serio gracias a medidas como la estrenada en Andalucía. Sin entrar en la polémica suscitada por la retroactividad de la Ley para la Vivienda Protegida, que tanto ríos de tinta ha generado, entendemos que, de aplicarse rigurosamente, esta nueva normativa tendrá un efecto implacable en la reducción del fraude en las segundas y sucesivas transacciones, mejorando la calidad fiscal y social de la política de vivienda.

Antes de concluir me gustaría romper una lanza a favor del sector inmobiliario y en contra de la creencia general que lo califica como una porción de la actividad económica donde las empresas defraudan por sistema. Es cierto que la complejidad de la propia actividad hace difícil su control, pero no más que cualquier otro sector ni con más riesgo. Es bien cierto que la naturaleza de las operaciones provoca que cualquier fraude se convierta en millonario. Pero las bolsas de fraude se han propiciado tradicionalmente por lo disperso de la legislación, las lagunas legales, el bajo nivel de aplicación de los controles administrativos existentes, la no regulación de otros controles posibles y tan sólo en menor medida por una generalizada y desnutrida cultura fiscal del sector.