05-02-2008 Ministerio de Vivienda, Vivienda Alquileres

El Gobierno ha suprimido las ayudas para alquilar una vivienda de protección pública, una posibilidad que hasta ahora contemplaba en el Plan de la Vivienda 2005-2008. La eliminación de estas subvenciones aparece recogida en las modificaciones al plan introducidas por el Consejo de Ministros del pasado 11 de enero y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del día siguiente.

La modificación incluye la Renta Básica de Emancipación (210 Euros), uno de los puntos incluidos en el nuevo programa que más ha querido destacar el Ministerio, que permitirá a los jóvenes con edades comprendidas entre los 22 y los 30 años recibir una ayuda directa para poder alquilar una vivienda e independizarse, si lo desean, de su familia.

Pero los jóvenes que reciban los 210 Euros tendrán que buscar la vivienda en el mercado libre, ya que una de las condiciones que establece para percibir la ayuda es que no pueden emplearla para pagar la renta de ningún inmueble calificado como de protección oficial. La modificación del Consejo de Ministros ha introducido un tercer apartado en el artículo 15 del Plan de Vivienda 2005-2008 en el que se recogen los diferentes casos en los que no podrá concederse una ayuda y, entre ellos, destaca las viviendas de protección oficial.

“No podrá concederse la ayuda si la vivienda está sometida a algún régimen de protección pública que establezca límites a su renta máxima en alquiler de conformidad con la normativa en la materia, salvo las viviendas protegidas de nueva construcción de renta concertada”. Este es el texto que aparece en el primer supuesto del apartado 3 del artículo 15 del nuevo Plan de Vivienda. Una vivienda de renta concertada no está catalogada como de protección oficial, aunque tenga un precio tasado, y su precio oscila entre los de renta libre y los de protección pública.

La prohibición afecta, por tanto, a las viviendas protegidas para arrendamiento de renta básica, cuya construcción es la más habitual, puesto que para las de renta concertada el promotor no puede recibir ninguna subvención pública para su edificación. Las ayudas al alquiler del plan, que ahora se han eliminado, podían alcanzar hasta el 40 por ciento del coste anual del arrendamiento con una cantidad máxima de 2.880 Euros anuales (240 Euros al mes, superior a los 210 Euros que estipula la Renta Básica de Emancipación). Las subvenciones recibidas por el inquilino rondaban entre el 2 por ciento y el 9 por ciento del precio máximo de la vivienda.

La Conselleria de Vivienda, como ayuda complementaria, incrementaba las subvenciones que los ciudadanos recibían del Estado un 10 por ciento más, hasta alcanzar los 3.168 Euros anuales (264 al mes), para aquellos ciudadanos con una renta inferior a los 10.000 Euros anuales. Fuentes de la Generalitat han criticado la decisión del Gobierno de eliminar las ayudas al alquiler de viviendas protegidas. Consideran que esta medida perjudicará fundamentalmente a las familias valencianas más jóvenes y con menos recursos y necesidad de acceso a su primer hogar.

Desde el Ministerio de Vivienda, por su lado, justificaron la medida en el hecho que desde la Administración consideraba que las viviendas de protección oficial cuentan ya con una subvención de la Administración, por lo que no estimaban necesario otorgar otras ayudas. En la Comunitat Valenciana existen al menos 5.600 viviendas calificadas de protección en alquiler, frente al total de 127.000 que había arrendadas en 2006. Todas ellas perderán las ayudas que reciben para pagar el arrendamiento por la decisión adoptada por el Gobierno socialista.

La supresión de estas ayudas puede tener dos efectos negativos sobre el mercado de alquiler y las posibilidades de emancipación de los jóvenes. Todo parece indicar que habrá un incremento en los precios del alquiler y un descenso en la construcción de viviendas protegidas en régimen de arrendamiento. La probable subida de precios se producirá porque al suprimir las ayudas para alquiler de las viviendas protegidas, los jóvenes con los 210 Euros de la Renta Básica de Emancipación tendrán que acudir al mercado de renta libre, en el que el propietario tiene la libertad de decidir el precio del alquiler que deberán abonar sus inquilinos, mientras que en el caso de las ayudas al alquiler existía una renta máxima que los arrendantes no podían exceder.

Así, en el caso las viviendas protegidas las ayudas sí eran efectivas, ya que el perceptor sabía cuánto tenía que pagar por alquiler al estar el precio tasado y cuánto recibía de ayuda. Ahora, en cambio, lo más probable es que los propietarios de la vivienda tiendan a incrementar el alquiler, al no estar tasado, de manera que se producirá un incremento notable de los precios y además las ayudas concedidas en materia de arrendamiento no cumplirán su función.

Eliminar las ayudas para alquilar viviendas protegidas tendrá un efecto rebote y originará una caída en la construcción de nuevas viviendas de protección pública en alquiler. Al promotor le será más favorable ahora, según las fuentes consultadas, construir inmuebles de renta libre para alquilar al estar subvencionado el pago y además tendrán la posibilidad de incrementar el precio del arrendamiento mensual.

La supresión, según explicaron fuentes de la Generalitat, puede suponer problemas en los proyectos recién terminados o en construcción. Además, surgen dudas sobre que pasará con los ciudadanos apuntados a una bolsa de viviendas protegidas en alquiler que aún no estén terminadas pensando en solicitar una ayuda para cubrir parte del precio del alquiler y ahora se vean sin esta subvención.

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05-02-2008