24-10-2005 Noticias Vivienda

24-10-2005 El Correo Digital

Coste social de la vivienda

Las últimas cifras del Banco de España relativas a la vivienda en nuestro país hablan de una revalorización media del 44,2% del suelo urbano durante el año pasado, con una subida del 22% en el precio del metro cuadrado en el mismo periodo.

Algo bastante lejos del pretendido enfriamiento del sector inmobiliario por parte del Gobierno. Para completar un apunte sobre el problema, basta añadir a estos datos que el esfuerzo financiero de los jóvenes para acceder a una casa equivale, por término medio, al 52,3% de sus ingresos o incluso casi el 70% en el caso de Madrid, País Vasco y Cataluña, según el Observatorio de la Vivienda del Consejo de la Juventud.

Es ya suficientemente conocido el ‘boom’ inmobiliario desatado en 1998 y que aún perdura para serio endeudamiento de unos, notable beneficio de otros y sorpresa de todos.

Después de tres años con subidas en los precios del 17%, resultan balsámicos los datos del último trimestre que recogen un crecimiento interanual del 13,4% (10,1% en Euskadi), pero no hay previsión solvente de que se vaya a producir la notable desaceleración con la que muchos sueñan; es más, especialistas en el sector retrasan la caída de la demanda de pisos hasta dentro de 20 ó 25 años.

Por muchas advertencias y temores de futuro que se lancen,
el mercado inmobiliario sigue manteniéndose como sector clave del crecimiento económico y no se atisban medidas que corrijan el coste social que acarrea,
por ejemplo en la emancipación de los jóvenes y en la baja tasa de fecundidad, tal es la dificultad para crear nuevos hogares económicamente sostenibles.

Resulta ingenuo esperar de los poderes públicos que intervengan en un mercado libre, pero las diferentes administraciones, sobre todo las municipales, tienen armas poderosísimas para determinar el precio final de la vivienda como la calificación urbanística, la salida de suelo al mercado y las concesiones de licencias.

Curiosamente, las iniciativas del sector público ponen más énfasis en sus actuaciones directas, siempre limitadas, como la promoción de viviendas de protección oficial o ayudas al alquiler, que en dejar de ser agentes impulsores del encarecimiento del suelo, germen de la especulación en cadena.

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