06-01-2008 Vivienda Córdoba

Una media de 280 cordobeses deciden cada año acudir a los tribunales para defender sus derechos ante los inquilinos y para denunciar los abusos de éstos, que en la gran mayoría de los casos -unos 250 cada doce meses- están relacionados con el impago de las mensualidades acordadas por el uso del inmueble, según se desprende de las Estadísticas Judiciales de 2006 que acaba de editar el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En ese año, 277 dueños de pisos o casas demandaron en la provincia a los arrendatarios, una cifra que se mantiene en esos mismos valores desde la última década. De las 277 denuncias, 246 estuvieron motivadas por la falta de pago del alquiler, mientras que las restantes se debieron a otras causas, como la denegación del derecho de prórroga para el uso de la vivienda -en 2006 se contaron diez por este hecho-. La ley protege a los inquilinos para que permanezcan en el piso durante cinco años desde el momento del contrato o del acuerdo verbal con el propietario, y éstos no pueden echarlos si formalizan las cuotas y si no provocan daños en la casa. Las diez denuncias citadas se refieren a litigios por disparidad de criterios sobre este asunto.

Condena en costas e insolventes

Cuando la demanda tiene que ver con el impago, la decisión del juez suele estar clara. Así, de las 246 denuncias cursadas por esta causa en 2006, los tribunales le dieron totalmente la razón a los propietarios en 239, mientras que 15 lo hicieron de un modo parcial y sólo en 23 se falló a favor de los inquilinos. Para entender estos datos hay que tener en cuenta que un cambio legal de 2001 fortaleció a los propietarios y les dio más recursos para combatir los posibles abusos de quienes habitan sus viviendas. Una de las principales novedades fue la aceleración de los procesos judiciales, que en estos casos obra en beneficio de los dueños, y la posibilidad de que los juicios sean verbales y no ordinarios.

Según fuentes jurídicas, en el momento de admitir a trámite la denuncia por impago los jueces ya fijan una fecha para el desahucio del inquilino, que además se enfrenta en la mayoría de los casos al abono de las costas del juicio. ‘Y éste -añadieron las citadas fuentes- no es un tema menor, porque son cantidades altas ya que se trata de dos demandas en una: la primera para reclamar las rentas atrasadas y la segunda para echar al moroso del inmueble’. Además, hay que contar con que muchos demandados se declaran insolventes, por lo que el cobro de las tasas es a veces imposible.

De otro lado, la citada estadística del INE da cuenta también de que Córdoba es una de las provincias andaluzas con menos pleitos por arrendamientos urbanos -es la quinta, por delante de Huelva, Jaén y Almería-. Las demarcaciones costeras, con una alta población estacional, encabezan la clasificación: Málaga cuenta unas 1.300 demandas al año y Cádiz, que es la segunda, alcanza las 600. Sevilla suma 589.

06-01-2008 Agencias