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Comisión Europea expedienta a España por no aplicar la norma Europea contra el blanqueo de capitales

La Comisión Europea expedientó hoy a España y a otros 14 Estados miembros por no haber introducido en su legislación nacional la tercera directiva contra el blanqueo de capitales. La norma tendría que haberse aplicado antes del 15 de diciembre de 2007. El resto de países expedientados son Bélgica, República Checa, Alemania, Grecia, Finlandia, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia y Eslovaquia.

Los expedientes adoptan la forma de dictámenes motivados, segunda fase de un procedimiento de infracción. De no recibir una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, Bruselas podría recurrir al Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

La tercera directiva contra el blanqueo de capitales, adoptada en 2005, se basa en la legislación comunitaria vigente e incorpora en el derecho comunitario la revisión de 2003 de las cuarenta recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la instancia internacional promotora de normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La directiva se aplica tanto al sector financiero como a abogados, notarios, contables, corredores de la propiedad inmobiliaria, casinos, consorcios y empresas proveedoras de servicios. Su ámbito de aplicación abarca asimismo a todos los proveedores de bienes, cuando los pagos efectuados en metálico superan los 15.000 Euros.

Quien esté supeditado a la Directiva está obligado a identificar y comprobar la identidad de su cliente y de su fiduciario, y a efectuar un seguimiento de su relación económica con el cliente; a notificar toda sospecha de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo a las autoridades públicas, habitualmente la unidad nacional de información financiera; y a adoptar medidas de apoyo, como garantizar una formación adecuada del personal y el establecimiento de políticas y procedimientos preventivos internos apropiados.

La norma incorpora requisitos y salvaguardas complementarias para situaciones de alto riesgo (por ejemplo, transacciones con bancos corresponsales situados fuera de la UE).

Comisión Europea expedienta a España por no aplicar a tiempo la normativa europea sobre fusiones transfronterizas

La Comisión Europea expedientó hoy a España y a otros 10 Estados miembros por no haber introducido en su legislación nacional la directiva comunitaria sobre fusiones transfronterizas, pese a que el plazo para hacerlo concluyó a finales de 2007.

El expediente adopta la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si en el plazo de dos meses las autoridades españolas no han cumplido con sus obligaciones, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.

El resto de países expedientados son Bélgica, Grecia, Francia, Italia, Lituania, Letonia, los Países Bajos, Portugal, Suecia y Eslovenia.

La directiva sobre fusiones transfronterizas, adoptada en 2005, tiene por objeto facilitar las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital. Establece un “marco sencillo” basado en gran medida en las disposiciones nacionales aplicables a las fusiones que tienen lugar dentro de un mismo país y evita la liquidación de la sociedad adquirida, según explicó la Comisión.

La directiva colma una importante laguna del derecho de sociedades y constituye una medida destacada en el contexto del plan de acción de la Comisión sobre el derecho de sociedades y la buena gobernanza empresarial en la UE. Se refiere a todas las sociedades de capital, a excepción de los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM).

Contiene, asimismo, disposiciones especiales aplicables a las sociedades cooperativas. Con arreglo a la directiva adoptada, los regímenes de participación de los trabajadores se hacen extensivos a las fusiones transfronterizas cuando al menos una de las sociedades que se fusionan ya aplicara tal régimen.

Comisión Europea expedienta a España por los acuerdos con Eurocopter para el suministro de helicópteros

La Comisión Europea expedientó hoy a España por incumplir la legislación comunitaria en materia de contratación pública en los dos acuerdos firmados con la compañía Eurocopter para el suministro de helicópteros al ministerio del Interior (destinados a la Policía Nacional y la Guardia Civil) y al de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (para misiones de vigilancia y ayuda a la flota pesquera). Basándose en estos acuerdos marco, ambos ministerios ya han adjudicado dos contratos.

El expediente adopta la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si en el plazo de dos meses las autoridades españolas no han corregido las irregularidades detectadas, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso al Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

Bruselas considera que los dos acuerdos marco “se han celebrado infringiendo las normas europeas de contratación pública”, según explicó en un comunicado. El firmado con el ministerio de Medio Ambiente no se publicó en el Diario Oficial de la UE, y los dos contemplan la modificación posterior, por las partes, de varias de sus condiciones principales, como la prórroga del contrato.

Por ello, la Comisión denuncia que los agentes económicos que no han podido participar en la licitación para el acuerdo del ministerio de Medio Ambiente “han quedado realmente excluidos con sus productos de este mercado durante el periodo en que se halle vigente este acuerdo marco”.

Además, el Ejecutivo comunitario asegura que la modificación posterior de las condiciones principales del acuerdo “proporciona una ventaja al adjudicatario de la licitación y perjudica los intereses de los demás licitadores y de todas las empresas interesadas en participar en el procedimiento de contratación, ya que los coloca en una posición desventajosa al presentar sus ofertas respectivas”.

Finalmente, en ambas ocasiones las autoridades españolas han utilizado un procedimiento negociado para adjudicar contratos específicos en un caso _la adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco_ que no se recoge en las directivas, según Bruselas.

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