08-10-2007 Vivienda Catalunya

Prevé además lanzar al mercado de alquiler 62.000 pisos desocupados. Sindicatos, constructores, promotores, colegios profesionales y entidades sociales firmaron ayer el Pacto para la Vivienda en Cataluña, una iniciativa impulsada por la Generalitat que contará con una inversión de 8.220 millones de Euros. El Gobierno catalán aportará el 81% de esta cantidad.

El pacto suscrito supondrá la ejecución de unas 835.000 actuaciones, de las que aproximadamente la mitad, un total de 393.000, se ejecutarán en la presente legislatura.

Entre otras cosas, prevé la movilización de suelo para construir 250.000 viviendas. Además, se levantarán 160.000 pisos sociales en los próximos diez años años, de los cuales el 60% será de compra y el resto, de alquiler.

El proyecto también contempla poner en el mercado de alquiler 62.000 viviendas desocupadas, mediante incentivos y ayudas a la rehabilitación. En este sentido, se propone mejorar 300.000 viviendas, instalar 100.000 ascensores y establecer un mayor control de la calidad de la construcción.

Asimismo, están previstas ayudas para 35.000 mayores y 35.000 discapacitados, así como el incremento de los pisos de alquiler para ambos colectivos.

Políticos, agentes sociales y sociedad civil consideran el acuerdo como un “importante avance” que ayudará a resolver la actual problemática de acceso a la vivienda.

Cataluña tomará el control de pisos vacíos para ponerlos en alquiler

El presidente de la Generalitat, José Montilla, ha vuelto a sucumbir a los designios de ICV. La formación ecosocialista catalana ha demostrado sobradamente su ascendente sobre el PSC en cuestiones como la Línea de Muy Alta Tensión (MAT), el trazado del IV Cinturón o el túnel de Bracons. Ahora, le toca el turno a la vivienda.

El jefe del Ejecutivo catalán bendijo ayer junto a más de una treintena de entidades sociales un gran Pacto para la Vivienda que recoge la esencia de la futura Ley del Derecho a la Vivienda que prepara la Generalitat y que prevé, entre otras medidas, el alquiler forzoso de los pisos desocupados.

Sindicatos, constructores, promotores, colegios profesionales y entidades sociales, orquestados por la Generalitat, dieron ayer el «sí quiero» a la nueva «hoja de ruta» que marcará la política de vivienda en Cataluña en los próximos nueve años.

El acuerdo, que contará con una inversión pública de 8.220 millones de Euros -de los que el gobierno catalán se ha comprometido a aportar el 81%- se cerró en un acto masivo celebrado en el Palacio de la Generalitat con la anunciada ausencia de los dos partidos de la oposición, CiU y PP.

Convergentes y populares, que ayer no posaron en la foto de familia, suscriben parte de estas consideraciones, aunque ya dejaron claro hace meses que no están dispuestos a apoyar un pacto que vinculan a una ley que «da cabida a medidas como el alquiler forzoso de pisos vacíos».

Su ausencia fue comentada y criticada por todos los firmantes, quienes acusaron a las citadas formaciones de mantener una actitud «partidista» y «difícil de justificar». «Una cosa es el Pacto y otra la Ley, que veremos cómo queda al final», indicaron a ABC portavoces de algunas de las entidades firmantes. Durante su intervención, el presidente de la Generalitat hizo también alusión a CiU y PP, sin mencionarlos, y afirmó que «estoy convencido de que en este pacto cabe todo el mundo, los que están y los que no están». El consejero de Vivienda, Francesc Baltasar, de IC, se mostró confiado en que CiU y PP «se sumen pronto».

Montilla, «rehén de ICV» Por su parte, convergentes y populares están convencidos de que al celebrado bautizo de masas del pacto le han precedido duros meses de «tira y afloja» en el seno del tripartito. CiU criticó ayer la «radicalización de ICV», que, a su entender, ha conducido al PSC a «perder la centralidad política». En este sentido, el grupo convergente califico a Montilla de «rehén de la radicalidad ideológica de ICV». El PP, por su parte, cuestionó la viabilidad del Pacto y lamentó que «esté repleto de medidas utópicas».

Las dos formaciones anunciaron que llevarán la futura Ley del Vivienda catalana al Consejo Consultivo. Ciutadans (C´s) dio un «sí crítico» al pacto, aunque mantiene el rechazo a la Ley.

Apoyo de «última hora» El gobierno catalán ha tenido que hacer «una obra de ingeniería» para que el texto definitivo del pacto sea asumible para todos los firmantes. De hecho, Comisiones Obreras y UGT se sumaron tarde y con reticencias al redactado. El secretario general en Cataluña de este último sindicato, José María Álvarez, recordaba ayer tras la rúbrica que siguen abiertos algunos puntos que la central no suscribe y a los que no ha renunciado, como la duración del tiempo de protección de las viviendas, que la futura ley fija en 90 años y que entiende «excesivo».

El presidente de la Federación Catalanes de Promotores y Constructores, Enric Reyna, lamentó la ausencia de CiU y PP en el pacto, aunque dijo comprender sus razones. «No es lógico que se llegue al límite de alquileres forzosos», dijo. «Incluso podría ser inconstitucional», apostilló Reyna.

El Pacto por la Vivienda que ha impulsado la Administración autonómica (2007-2016) supondrá la ejecución de unas 835.000 actuaciones, de las que aproximadamente la mitad, un total de 393.000, se ejecturán en la presente legislatura.

Entre otras medidas, el acuerdo prevé la movilización de suelo para construir 250.000 viviendas de protección oficial, la construcción de 160.000 viviendas más del mismo régimen destinadas a jóvenes y movilizar y poner en el mercado 32.000 viviendas del parque desocupado.

El pacto incide también en la rehabilitación.

En este sentido, prevé obras de recuparación y mejora en 300.000 viviendas.

Políticos, agentes sociales y sociedad civil consideran el acuerdo como un «importante avance» que ayudará a resolver la actual problemática de acceso a la vivienda.

08-10-2007