21-10-2006 Burbuja Inmobiliaria

Los casos de corrupciones urbanísticas fraguados a la sombra de un ‘boom’ inmobiliario que no cesa aunque parece que empieza a remitir han salpicado en las dos últimas semanas a los dos principales partidos políticos a seis meses de que se celebren elecciones municipales.

Los periódicos nacionales se vienen haciendo eco de los escándalos aparecidos en Ciempozuelos y Tres Cantos, localidades de la Comunidad de Madrid, principalmente, pero también se registran casos en Castilla y León, Murcia y Galicia, sin contar el ya famoso ‘caso Malaya’ de Marbella.

En Ciempozuelos el alcalde del PSOE, Pedro Torrejón, ha dimitido forzado por su partido tras admitir una recalificación masiva que afectaba a promotores privados, por la que habría ingresado casi un millón de euros en un banco andorrano, según informaciones de medios.

En Tres Cantos, unas grabaciones de un ex concejal del PP - aparecidas el viernes en el diario El País - desvelaban la supuesta existencia de comisiones millonarias ante la aprobación por el municipio del Plan Urbanístico de la localidad en 2004.

Los dos casos estarían siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción, según medios.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, también se ha visto afectada por el supuesto ‘pelotazo’ de un tío carnal suyo en la venta de unos terrenos en Villanueva de la Cañada cuyo urbanización desbloqueó el ex director general de Urbanismo de la comunidad.

PACTO DE ESTADO

Ante la escalada de casos, los políticos se apresuraron el sábado a proponer un pacto contra la corrupción de todos los partidos, que el PSOE podrían presentar oficialmente el lunes, según la cadena SER.

“Es imprescindible abanderar un pacto contra la corrupción y un código ético del conjunto de las fuerzas políticas y de las administraciones con competencias en la materia para acabar con un imagen que no se corresponde con la realidad”, dijo Gaspar Llamazares, coordinador general de Izquierda Unida.

José Blanco, secretario de organización del PSOE, advirtió que el partido iba a tener “tolerancia cero” con aquellos de sus miembros que se vean salpicados en escándalos.

El presidente de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), Heliodoro Gallego, pidió además la actuación inmediata y ágil de jueces y fiscales en todos los casos de delitos urbanísticos.

“Porque somos los primeros interesados en defender nuestra honradez y nuestra integridad”, dijo Gallego, alcalde socialista de Palencia, a quien el PP ha acusado de aprobar un proyecto urbanístico y un campo de fútbol pese a un informe técnico en contra.

Además, en estos días se ha sabido que la Guardia Civil denunció casi 13.000 construcciones ilegales en zonas rurales, entre enero de 2005 y junio de 2006, siendo Tenerife, Málaga y Murcia las provincias con más infracciones urbanísticas.

21-10-2006 Reuters