15-12-2007 Vivienda Baleares

Un consorcio entre los ejecutivos balear e insular determinará las indemnizaciones que genere la nueva normativa urbanística, que se aprobó ayer.

También será el encargado de proponer las medidas adecuadas para compensar a los propietarios que hayan perdido sus aprovechamientos urbanísticos en áreas de transición del PTI.

Elaborará además el estudio económico y financiero para ejecutar la ordenación y recuperación paisajística de cada zona.

A través de este texto también se deroga la Ley de campos de golf, parte de la LEN, disposiciones de leyes aprobadas por el PP como la llamada “amnistía Cretu” o parte de la Ley de medidas específicas para Eivissa y Formentera.

Esta normativa permitía, según el conseller d”Ordenació, un “urbanismo a la carta”.

“En una ley se permitía la construcción de viviendas en zonas de protección territorial de Eivissa y en otra se daban una serie de condicionantes para aumentar las edificaciones en suelo rústico de las Pitiüses”, señaló Gabriel Vicens.

El Consell de Govern aprobó ayer el proyecto de ley de medidas urgentes que ahora será tramitada por el Parlament y que protege un total de 221′52 hectáreas en Eivissa de las cuales 96 eran inicialmente urbanizables y 125 rústicas.

La principal novedad que introduce es que en seis meses se tendrá que crear un consorcio del que formarán parte el Govern y el Consell y al que también se podrán adherir los ayuntamientos.

Este órgano tendrá como finalidad la ordenación de las zonas protegidas y su recuperación paisajística.

También será el encargado de proponer las medidas adecuadas para compensar a los propietarios que hayan perdido sus aprovechamientos urbanísticos en áreas de transición del PTI.

Elaborará además el estudio económico y financiero para ejecutar la ordenación y recuperación paisajística de cada zona.

A través de este texto también se deroga la Ley de campos de golf, parte de la LEN, disposiciones de leyes aprobadas por el PP como la llamada “amnistía Cretu” o parte de la Ley de medidas específicas para Eivissa y Formentera.

Esta normativa permitía, según el conseller d”Ordenació, un “urbanismo a la carta”.

“En una ley se permitía la construcción de viviendas en zonas de protección territorial de Eivissa y en otra se daban una serie de condicionantes para aumentar las edificaciones en suelo rústico de las Pitiüses”, señaló Gabriel Vicens.

En cuanto a campos de golf hay un cambio importante, y es que se podrá denegar la declaración de interés general por razones de incidencia territorial o paisajística o por afectación a recursos naturales.

También se prohibe crear nuevas plazas aparejadas a estas instalaciones.

15-12-2007 EP