24-11-2005

Andalucía
Los promotores advierten que la Ley del Suelo paralizará el desarrollo inmobiliario

Los promotores andaluces pidieron ayer a las administraciones públicas que las normativas que afectan al sector inmobiliario «recorten y ordenen» la actividad, pero «no paralicen» el desarrollo inmobiliario en Andalucía, y recordaron que la construcción es el sector más dinámico de la economía regional.

El presidente de la Federación Andaluza de Promotores Inmobiliarios (Fadeco), Francisco Javier de Aspe, manifestó que «todas estas legislaciones que se nos avecinan van muy encaminadas a recortar la actividad inmobiliaria», sobre todo en la zona costera.

Fadeco advierte que «la extensa y profunda reforma legislativa» que está acometiendo la administración central y la Junta de Andalucía, con la promulgación de «un maremagnum de leyes y ordenanzas», «puede afectar gravemente al desarrollo de las empresas promotoras». Entre las normativas que pueden incidir negativamente en la actividad se encuentran, según los promotores, la ley estatal del Suelo, la ley autonómica de medidas para la vivienda protegida y suelo; la ley de calidad ambiental o el Real Decreto de Certificación Energética de Edificios de Nueva construcción, así como los planes urbanísticos subregionales.

Por otra parte, el Grupo Parlamentario del PSOE ha registrado una proposición de Ley relativa a la modificación de la Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, recientemente aprobada por el Parlamento andaluz, que espera que entre en marzo. El portavoz socialista, Manuel Gracia, explicó que la intención es «reponer el texto que salió del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, ya que contaba con el voto favorable del Consejo Económico y Social». Explicó que con esta proposición de ley se pretende rectificar el «error» que se cometió durante la tramitación de la Ley, por lo que con esta iniciativa «recuperamos el texto aprobado por el Gobierno, ya que la redacción actual había originado «inquietudes e incertidumbre» entre algunas organizaciones y alcaldes.

El portavoz del PSOE destacó que el texto presentado significa que «en cada área o sector con usos residenciales, las reservas de los terrenos equivalentes, al menos al 30% de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.

No obstante, el texto que será aprobado señala que el Plan General de Ordenación Urbanística podrá eximir total o parcialmente de esta obligación a sectores o áreas concretas que tengan una densidad inferior a 15 viviendas por hectárea. Asimismo, se establece que el Plan deberá prever su compensación en el resto de las áreas o sectores, asegurando su distribución equilibrada en el conjunto de la ciudad.

Asimismo, se establece que las modificaciones que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, dotaciones o equipamientos, así como as que eximan de la obligatoriedad de reservar terrenos requerirán dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía.

Por su parte, el presidente del PP-A, Javier Arenas, anunció que los populares registrarán en el Parlamento andaluz una proposición de Ley de modificación de la recién aprobada Ley de la Vivienda Protegida y Suelo, al tiempo que exigió a los socialistas que se ponga fin a la «invasión de competencias municipales» que se produce con la norma que está en vigor, ya que, de lo contrario, los populares la recurrirán ante el Tribunal Constitucional.

IU-CA, por su lado, lamentó que el PSOE «ceda» ante los empresarios para cambiar la Ley del Suelo.

24-11-2005