25-09-2005 Informes, Vivienda Andalucía, Vivienda Marbella

25-09-2005 ABC

Andalucía - Los escándalos urbanísticos salpican Andalucía: Marbella y Camas no son únicas

El urbanismo como foco de corrupción y corruptelas municipales tiene un exponente histórico en Andalucía, la ciudad de Marbella, pero Marbella no es el único ayuntamiento andaluz cuyos ediles se sientan en el banquillo. El escándalo del municipio sevillano de Camas, con dos concejales y hasta el alcalde implicados en un intento de soborno a otra edil para que votara a favor de una recalificación de terrenos ha vuelto a sacar la luz la frágil honestidad de algunos políticos, sea cual sea su color, frente a la especulación y el negocio inmobiliario. Sea por la necesidad de los ayuntamientos de conseguir financiación extra para sobrevivir o por la presión de los partidos a sus ediles para que les consigan fondos, lo cierto es que el urbanismo municipal andaluz está bajo sospecha. Los escándalos, acusaciones verdaderas y falsas, polémicas, y hasta querellas, manchan toda la geografía andaluza de una punta a la otra. Hay mucho ruido pero por ahora la Justicia ha traído pocas nueces.

El caso de Níjar en Almería

En Almería este tipo de escándalos y denuncias se han centrado en los municipios costeros. En estos momentos existe una denuncia en los tribunales por la presunta concesión de licencias ilegales. Se trata de la presentada por Ecologistas en Acción contra el alcalde de Níjar, Joaquín García, del Partido Socialista, cuyo equipo de gobierno autorizó a un ex concejal de Urbanismo de su Ayuntamiento la realización de noventa viviendas en una zona de la barriada marinera de Agua Amarga donde sólo se podía edificar cincuenta, según las Normas Subsidiarias del municipio. Además, se da la circunstancia de que para ampliar la urbanización promovida por este ex concejal, persona de confianza del alcalde nijareño, el Ayuntamiento autorizó el desvío de una calle y la ocupación de parte de unos terrenos que en principio estaban destinados a aparcamientos públicos. Por otra parte, son varios los grupos ecologistas que han denunciado casos de presuntas irregularidades urbanísticas cometidas en localidades almerienses con el «plácet» de sus respectivas Corporaciones, como la construcción del hotel de veinte plantas promovido por la empresa Azata en la playa de El Algarrobico, en Carboneras, y una urbanización de 48 hectáreas en el núcleo costero de Agua Amarga, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, Sin embargo, estas denuncias no se han sustanciado judicialmente.

Pelotazos fallidos en Huelva

Huelva no se libra de escándalos urbanísticos, aunque los casos que más repercusión mediática han tenido, o no se llegaron a ejecutar nunca o se alteró la concepción inicial del proyecto a desarrollar.

Costa Doñana (Almonte), Castillo de la Luz (Moguer), los 13 hoteles en Punta Umbría o Isla Chica, en la propia capital, fueron iniciativas en las que se pretendían construir miles de residencias o plazas hoteleras y que quedaron desestimadas. La presión social pudo con la de los grandes promotores, apoyados por los gobernantes locales.

En la actualidad, la Junta de Andalucía ha logrado paralizar, recurriendo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la adjudicación de unas 60 hectáreas en la playa de Mazagón. El Gobierno andaluz previó que ese terreno iba a ser vendido a un precio 18 veces menor de lo que estaba tasado. En ese espacio se pretende construir un complejo turístico y residencial. Desde el PSOE acusaron al alcalde de Moguer, Juan José Volante, del PP, de permitir un «pelotazo urbanístico».

En Ayamonte quien gobierna es el Partido Socialista, su alcalde, Rafael González, lo hace con mayoría absoluta. Desde la oposición dicen de él que «donde pone el ojo pone el ladrillo». González cuenta como uno de sus asesores urbanísticos, y no es un secreto, con al ex consejero Jaime Montaner. El singular edil está poniendo en pie uno de los proyectos más discutidos de la provincia, «Puente Esury», una macrourbanización que pretende construir más de 6.300 viviendas y 420 plazas hoteleras. En Cartaya, el complejo urbanístico «Castillo de San Miguel» también ha logrado que se recalifiquen 234 hectáreas. En Isla Cristina, según Ecologistas en Acción, el nuevo plan general proyecta la unión física de Isla Cristina como núcleo principal con Islantilla mediante un corredor de hoteles y apartamentos frente a los pinares litorales.

Córdoba tampoco se libra

En Córdoba, como en general en todos los municipios del interior, con menos presión especuladora, ha habido menos escándalos. Aún así, el alcalde socialista de Nueva Cartaya, Antonio Ramírez, fue acusado por un vecino de hacer la vista gorda sobre un centenar de edificaciones «ilegales» que estaban proliferando en la finca denominada Cornicabra, por lo que este particular denunció el caso, el pasado 23 de abril, en el Juzgado de de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Cabra. Se trata de edificaciones que cuentan con caminos, saneamientos y luz, cuando esa finca está calificada como terreno rústico no urbanizable y ni siquiera tiene consideración de suelo industrial. El parlamentario popular por Córdoba Luis Martín ha denunciado que el principal dueño de los terrenos «iba en las listas del PSOE a las municipales de 2003».

47 imputados en Jaén

En la provincia de Jaén aún está por saber que va a ocurrir con el asunto de «El Megatín», paraje situado en el término municipal de Torredelcampo y en el que hay 47 imputados por un presunto delito contra la ordenación del territorio, entre los que se encontraría el alcalde de la localidad, el socialista Blas Sabalete, al haber firmado las autorizaciones básicas para la instalación de luz y agua. El proceso se abrió en marzo al detectar la Guardia Civil medio centenar de viviendas en un paraje protegido y que carecían de las correspondientes autorizaciones. Se trata de un terreno de 60.000 metros cuadrados calificados como suelo no urbanizable y de dominio público y donde ya se habían iniciado 20 de las 50 casa proyectadas inicialmente. Un asunto que está a la espera de solventarse en los tribunales.

Por otra parte IU-CA denunció, también en marzo, ante la fiscalía de la Audiencia Provincial la edificación de una promoción de viviendas privadas en la Puerta de Segura que ocuparían parte de una cañada de dominio publico, el Cordón del Guadalimar. Esta denuncia fue archivada meses mas tarde.

Almuñécar y Monachil

En Granada, un puñado de ayuntamientos de todos los colores políticos se encuentran bajo sospecha por supuestas irregularidades urbanísticas. En los últimos días, el PSOE viene acusando al alcalde de Güejar Sierra, José Antonio Robles (PP), de haber arrendado un restaurante a su suegro durante 30 años cuando este tipo de concesiones tienen una vigencia máxima de cinco años. Sin embargo, las operaciones más polémicas siguen acumulándose en dos puntos clave de la economía granadina: Almuñécar (Costa Tropical) y Monachil (Sierra Nevada).

El caso del alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (PA), es paradigmático. En julio de 2004, la Fiscalía de Granada le acusó de prevaricación después de haber proseguido con la puesta en marcha de una urbanización en el puerto deportivo Marina del Este. Asimismo, este verano el borrador del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se ha visto envuelto en la polémica ya que contempla la construcción de 29.000 viviendas, 5.000 más de los que ahora cuenta la localidad costera. El proyecto también prevé la edificación de varias casas rurales dentro de un zoológico abierto en el complejo de Peña Escrita. Los Verdes ya han alertado que se están utilizando fondos europeos de manera «ilícita» para favorecer el desarrollo urbanístico.

En Monachil, término al que pertenece Sierra Nevada, aún sigue coleando el escándalo que llevó a los tribunales el concejal de Urbanismo, Benjamín Rodríguez. Éste presentó una querella por supuesta extorsión y calumnias contra el promotor inmobiliario de Rabanella SL, Darío Aguarón, quien de esta forma pretendía conseguir la legalización de seis apartamentos del edificio Boabdil. En los últimos años este tipo de actuaciones se han venido sucediendo constantemente. Los vecinos, hartos del reguero de irregularidades, exigen al ayuntamiento gobernado por Antonio Trinidad (PP) que reelabore un nuevo PGOU.

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