26-01-2006 Diario Andalucía, VPO Vivienda

26-01-2006 ABC
Andalucía - Las VPO podrán revalorizarse en el mercado hasta un 200% sobre el precio inicial

Las delegaciones de Obras Públicas atenderán «caso a caso» a los afectados previa petición de cita. La Junta cree que en tres meses se normalizará el mercado. La consejera de Obras Públicas y Transportes, Concepción Gutiérrez, defendió ayer la nueva normativa autonómica que limita la compraventa de viviendas protegidas (VPO), y adujo que se trata de «evitar que el esfuerzo que hace la sociedad», facilitando ayudas públicas a los beneficiarios para que accedan a estas viviendas, «entre en régimen de especulación».

Obligaciones incumplidas

Ante la avalancha de críticas por la incertidumbre generada en el sector, Gutiérrez minimizó el alcance de los cambios que han introducido en este mercado la Ley de Vivienda Protegida y Suelo (aprobada en diciembre pasado) y la orden sobre el derecho de tanteo y retracto que puede ejercer la Administración en las segundas o posterior transmisiones y que publicó ayer el BOJA. Dicha normativa, afirmó, «no se inventa nada» y sólo «clarifica el régimen jurídico aplicable a cada plan de vivienda».

La única novedad importante, según dijo, es que a partir de ahora notarios y registradores tendrán que cursar ante la Junta las comunicaciones de todas las transacciones, al tiempo que se exigirá al comprador una declaración jurada de que cumple los requisitos legales sobre el nivel de ingresos. «Si el comprador miente se la juega y en caso de falsedad perderá la vivienda», advirtió.

Estas obligaciones existían ya antes «pero muy pocos las cumplían» porque «nos faltaba el apoyo del registrador», dijo la consejera, que aseguró que la orden se ha pactado con estos colectivos de profesionales.

El derecho de tanteo o compra preferente por parte de la Administración sólo se ejercerá en años venideros, cuando las VPO calificadas en los últimos planes puedan salir al mercado (aún no han cumplido los 10 años y no pueden venderse en segunda mano). El derecho de retracto previa denuncia sí que se puede ejercer en viviendas calificadas desde 1992, como hemos adelantado, y los responsables de la Consejería señalan que «existen muchos casos» en esta situación.

La consejera prevé que en un plazo de tres o cuatro meses «el sector se normalizará». Para hacer frente al atasco generado en las notarías por las nuevas exigencias que obligan a comunicar todas las transacciones y aguardar la respuesta de la Junta, que se reserva dos meses de plazo para responder si ejerce o no los derechos de tanteo o retracto, la Consejería ha llegado a un acuerdo con notarios y registradores de la propiedad para «acelerar al máximo el cumplimiento de las obligaciones de comunicación» utilizando medios informáticos. Además, los afectados podrán acudir a las delegaciones provinciales de Obras Públicas, previa petición de cita, para reclamar información y tendrán derecho a que se haga un estudio específico de su caso que clarifique el régimen jurídico de su vivienda.

Precios máximos

La última tabla de precios máximos de las VPO usadas en régimen de propiedad ha quedado fijada en la orden de compraventa de viviendas protegidas de segunda mano que ayer publicó el BOJA (ver cuadro adjunto).

Según estimó la consejera de Obras Públicas, los precios máximos de venta de las viviendas protegidas calificadas entre 1978 y 2004 podrán aumentar hasta un 200% de media el valor inicial.

Esta revalorización legal se basa en la evolución de los precios del suelo y la construcción y en el incremento de los salarios y se actualiza cada año.

Los propietarios estudian recurrir ante el TC

Los miembros de la Asociación para la Defensa de Propietarios de VPO de Andalucía se concentraron ayer ante la sede de la Delegación Provincial de Obras Públicas en Sevilla en protesta contra la Ley de Vivienda Protegida y Suelo, y consideraron «insuficiente» la nueva orden aprobada por la Junta sobre la aplicación del derecho de tanteo y retracto sobre la VPO, puesto que «mantiene la aplicación con carácter retroactivo de múltiples disposiciones desfavorables».

El portavoz de la citada Asociación, Joaquín Galán, consideró «injusta» y «anticonstitucional» esta norma, precisó que la Asociación está estudiando presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la misma y anunció que a través de la Asociación se canalizarán una serie de denuncias en protesta por esa situación, donde pedirán compensaciones a la Junta en concepto de «responsabilidad patrimonial» por los daños causados.

Indicó que se pueden ver afectados unas 800.000 propietarios de VPO y muy directamente unos 30.000, con propiedades en fase de transmisión o proceso de compra-venta.

El domingo celebrará asambleas en las capitales y el 31 de enero una concentración en La Rinconada (Sevilla).