18-11-2005

18-11-2005 Diario de Sevilla
Andalucía
La Junta catalogará las viviendas según unos niveles de calidad

Normativa de la consejería de obras públicas. El borrador del anteproyecto de la nueva ley andaluza obligará a los promotores privados a inscribirse en un registro para poder ejercer sus funciones. Todas las viviendas y sus construcciones anejas serán clasificadas en categorías según unos niveles de calidad que establecerá la Junta de Andalucía y que serán puestas a disposición de todos los usuarios.

Ésta es una de las aportaciones principales que figuran en el borrador del anteproyecto de Ley de Calidad de la Vivienda diseñado por la Consejería de Obras Públicas.

La normativa, que afectará a las promociones públicas y privadas, delimitará el proceso de construcción de los inmuebles, el control de la administración sobre ellos y los derechos de los usuarios.

La ley, que aún deberá superar un largo trámite antes de entrar en vigor, dejará en manos del futuro Código Técnico de la Edificación, que debe elaborar el Gobierno central, los parámetros mínimos de una vivienda de calidad, y abrirá las puertas a la creación de una clasificación de carácter público que definirá todos los tipos de inmuebles de la comunidad autónoma.

La Consejería establecerá el procedimiento por el que se asignarán a las viviendas los distintos niveles de calidad.

Los ciudadanos tendrán también acceso a otra información que queda definida en este anteproyecto:
se creará un registro de promotores de viviendas de inscripción obligatoria.

Este listado delimitará quiénes pueden desempeñar estas funciones, como ocurre en otros empleos con los colegios profesionales.

Para ello, la Junta propone la creación de un sistema de reconocimiento de los empresarios, que se basará en criterios como su preparación técnica, su solvencia económica, su trayectoria empresarial o la posesión de distintivos que concederá el Gobierno andaluz.

La Junta no sólo pretende distinguir a los promotores que desempeñen correctamente su trabajo, sino que también plantea galardonar a las viviendas que cuenten con una mejor valoración, según los criterios que se establezcan a través de un reglamento.

Esto puede servir además para obtener ayudas o exenciones para usuarios y empresarios, aunque los agentes sociales presentes en el Consejo Económico y Social (CES) –órgano que no ha emitido dictamen sobre el anteproyecto por el boicot de la patronal CEA– han solicitado que se concreten más los criterios para este tipo de distintivos.

Algunos miembros de este órgano, como Facua, han pedido que se supriman estos galardones al considerar que premiarían a los empresarios por hacer su trabajo.

La labor de los promotores estará mucho más controlada por la Administración si se aprueba este anteproyecto de ley.

Antes de empezar la obra, se redactará un Plan de Control de la Calidad, que recogerán todos los elementos que participen en la construcción del inmueble.

Los cambios que se puedan producir durante este proceso estarán muy controlados por distintas administraciones y, en última instancia, por los propios usuarios.

La Junta de Andalucía establecerá inspecciones para comprobar que se ha cumplido todo lo recogido en el Plan de Control de Calidad. Según la ley, los ayuntamientos no sólo deberán basarse en el respeto de la normativa urbanística para conceder la licencia de primera ocupación: tendrán también que comprobar que el resultado final se corresponde con lo proyectado.

También se recogen nuevos derechos de los consumidores ante una modificación del diseño de una operación urbanística.

Si no está justificada, el promotor deberá contar con una autorización por escrito del usuario que, en caso de no permitir el cambio, podrá disponer de una compensación económica por daños y perjuicios.
En caso de que esté argumentado, bastará con que se comunique por escrito para no ser penalizado.

La redacción de este último artículo abre, según Facua, la posibilidad de que los constructores presionen a los ciudadanos para que rescindan un contrato en caso de una alteración y vender de nuevo la promoción a precio más caro.

La normativa no sólo afectará al espacio físico de una residencia, sino también al entorno más directo del inmueble, ya que la definición de vivienda que recoge el texto, criticada por el CES en su informe, abarca también a los anejos, como los aparcamientos, y a las zonas comunes.

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