30-12-2007 Vivienda Andalucía

El consejero de Economía, José Antonio Griñán, destaca el papel de las 31 entidades financieras que han suscrito el acuerdo Los jóvenes, el colectivo más perjudicado por los altos precios, tiene mayor dificultad para encontrar casa en Marbella, Cádiz y El Ejido.

El Pacto Andaluz por la Vivienda, rubricado a principios de diciembre por el Gobierno autonómico, representantes de los sindicatos y de la patronal andaluza, la federación de municipios y 31 entidades financieras, prevé la construcción de 700.000 viviendas en diez años, 300.000 de las cuales deberán ser de protección oficial, las popularmente conocidas como VPO.

¿Por qué precisamente 300.000 y no medio millón o 150.000?

La Consejería de Obras Públicas se basa en un informe del Instituto de Estudios Sociales de Andalucía (IESA), al que ha tenido acceso este periódico, en el que, como principal conclusión, se aquilata que los vecinos de los 770 municipios andaluces tienen una necesidad en la actualidad de 290.281 viviendas protegidas para acceder en condiciones idóneas a su primera residencia.

El sector de población que se constituye en primer demandante de viviendas protegidas en la práctica totalidad de las localidades andaluzas es el de los jóvenes de entre 20 y 34 años.

Del mencionado informe también se desprende que las ocho capitales andaluzas reclaman unas 150.000 de las 300.000 viviendas estimadas en el Pacto Andaluz por la Vivienda.

El trabajo de los técnicos del IESA muestra un territorio andaluz cohesionado, aunque con un ligero desequilibrio poblacional en favor de las localidades y áreas metropolitanas de la Costa, pero no tan acentuado como cabría esperar. El interior de Andalucía, en estos momentos, no muestra una exagerada tendencia al desarraigo.

Por provincias, y se antoja una cuestión obvia, son las más pobladas las que necesitan un mayor número de inmuebles a precio asequible. Así, el ranking lo lideran Sevilla, con 67.855 VPO; Málaga, con 56.634 VPO; Cádiz, con 44.499 VPO y Granada, con 31.281 VPO.

Jóvenes

Más allá de la división cuantitativa, el informe del IESA que ha servido como base a la Consejería de Obras Públicas, que dirige Concepción Gutiérrez, incide en el problema generacional de acceso a la vivienda de los jóvenes, que también puede observarse desde una perspectiva territorial.

Para ello, el informe pone en relación la cantidad de jóvenes entre los 20 y los 34 años, los nuevos hogares que son potencialmente capaces de crear, la cantidad de viviendas protegidas calificadas en los últimos tres años -puesto que son las que se les ofertan en la actualidad, ya construidas- y los precios de la vivienda libre a los que tienen que hacer frente aquellos que quieren formar una nueva familia y no disponen en la actualidad de una oferta suficiente de viviendas protegidas.

Los redactores de este informe del IESA han utilizado todos estos baremos para crear un índice que pretende medir la dificultad con la que se puede encontrar una pareja de jóvenes a la hora de encontrar una vivienda a precio asequible a su nivel de renta en el propio municipio en el que reside.

En total son 13 los municipios andaluces en los que el índice de dificultad presenta un índice superior a 200. Están situados, en términos generales, en el litoral con una importante población joven que proporcionalmente a su número de habitantes han calificado pocas viviendas protegidas y que registran a su vez unos precios de la vivienda libre bastante altos.

La mayoría de estos trece “puntos negros” se encuentran en la provincia de Málaga. Se trata de Benalmádena, Estepona, Rincón de la victoria, Fuengirola, Málaga capital, Mijas, Torremolinos y Marbella. En esta última ciudad, hay 11.819 que ansían un techo propio, pero no encuentran viviendas protegidas. Por contra, los marbelleros se enfrentan a un mercado de vivienda libre que ostenta los precios más altos de toda la comunidad autónoma: 2.805,3 euros el metro cuadrado.

Más caro en la Costa

Pero no sólo los jóvenes malagueños padecen este calvario. En los puestos de cabeza también se sitúa Cádiz capital (donde el metro cuadrado se sitúa en los 2.687,6 euros), la también ciudad gaditana de Rota y las almerienses de El Ejido (1.844,5 euros el metro cuadrado), Roquetas de Mar y Níjar.

La situación se complica mucho para estos jóvenes cuando las estadísticas muestran que, en el periodo 2004-2006, no se ha construido ni una sola vivienda protegida en cinco de estos 13 municipios. Concretamente en El Ejido, Marbella, Rincón de la Victoria, Mijas, Níjar, Roquetas de Mar. En Alhaurín de la Torre, según este informe, sólo se concedió una casa.

En el otro extremo, en el que más VPO ofertan, se situarían Sevilla (4.068), Córdoba (1.666), Dos Hermanas (1.269), Málaga (936), Granada (912). “Es de lo más importante que hemos hecho en esta legislatura y en muchos años de Gobierno”. Así define Manuel Chaves, presidente de la Junta, el Pacto por la Vivienda en Andalucía. Se trata del proyecto más ambicioso de creación de vivienda pública que jamás se haya ejecutado en España, con una media de 30.000 de protección oficial al año hasta 2018.

Las negociaciones, en las que participaron de forma activa los responsables de dos consejerías claves en el proceso, José Antonio Griñán y Concepción Gutiérrez, titulares de Economía y Hacienda y Obras Públicas, respectivamente, fueron duras y, por momentos, parecía imposible desbarrancar una iniciativa que, en cualquier caso, deberá desarrollar el próximo gobierno autonómico, que se conformará tras las elecciones del 9 de marzo.

Excelente relación

Griñán, en declaraciones a este periódico, destaca que el pacto viene precedido por un trabajo de muchos años con los agentes sociales y económicos. “Creo que el Gobierno autonómico siempre debe mantener esa buena relación con sindicatos y patronal”, indica el responsable de Economía y Hacienda.

“Si en un asunto no hay acuerdo, no hay encuentro -abunda Griñán-, pues se dice tranquilamente que vamos a seguir hablando y negociando, pero sin cerrar las puertas”. Esta ha sido la filosofía de este pacto que han firmado CC OO, UGT y la CEA, según destacan los mandatarios autonómicos, pero añaden que es muy importante que 31 entidades financieras que operan en Andalucía hayan firmado también el acuerdo y es muy importante que los ayuntamientos, por unanimidad, se hayan sumado al acuerdo.

Cuando se le pregunta al consejero Griñán si no echa de menos, en acontecimientos como la firma de este pacto, una única caja de ahorros andaluza, responde: “Yo soy enemigo de hablar de una caja única. Yo soy partidario de hablar de una gran caja, una caja con la fuerza suficiente para irrumpir en los mercados”. Griñán sostiene que ningún sector funciona si no hay competencia.

“Los mercados cerrados favorecen la ineficiencia y yo quiero mercados abiertos”, acota. En el Pacto por la Vivienda han participado 31 entidades que han puestos 9.500 millones de euros, pero ampliables a 18.000 millones. “Y todo esto en un momento de restricciones económicas”, subraya Griñán.

EL PACTO

Previsión de viviendas:
700.000 en diez años, de las que 300.000 serán de protección oficial.

Distribución por tramos:
200.000 viviendas para hogares con ingresos brutos entre 600 y 1.500 euros; 40.000 viviendas para hogares con ingresos brutos entre 1.500 y 2.100 euros al mes; 40.000 viviendas para hogares con ingresos brutos entre 2.100 y 3.200 euros al mes y otras 20.000 viviendas y alojamientos para familias en riesgo de exclusión social y colectivos específicos.

Financiación:
Las entidades financieras que operan en Andalucía, sobre todo las cajas de ahorro autonómicas, aportarán 9.000 millones en créditos para la construcción de VPO en los primeros años del Plan; pudiendo llegar a los 18.000 millones de euros. La Junta aportará 1.900 millones para ayudas e inversiones en vivienda y tres terceras partes de los 5.600 millones que se emplearán para inversiones en servicios básicos.

Otras actuaciones:
Próximamente la Junta sacará a concurso suelos del patrimonio público para la edificación protegidas.

30-12-2007 Vocento