09-08-2005 Noticias Vivienda

09-08-2005 ABC

Alfaz del Pi - Un vecino acusa a una conocida constructora de ocupar varias fincas de su propiedad

La incorporación, por parte de la constructora CISA, de unos cinco mil metros de propiedad supuestamente particular una proyección urbanística desarrollada en la partida de Carbonera, dependiente de la localidad alicantina de Alfaz del Pi, ha llevado al juzgado de instrucción número 4 de Benidorm a establecer una serie de medidas cautelares sobre las siete fincas en disputa desde que el caso fuera llevado a los tribunales en febrero del pasado año.

El demandante ha denunciado a la empresa urbanizadora, al Ayuntamiento de la localidad y a la mercantil Nordic Residencial al considerar que el proyecto urbanístico, en fase de construcción, hace uso ilegal de unos terrenos familiares cuya propiedad, según el afectado, está acreditada registralmente, lo que, de acuerdo siempre con este testimonio, ha motivado que la juez curse mandamiento al registro de la propiedad de Callosa d´Ensarrià para que se proceda a la «anotación preventiva de demanda» sobre las siete fincas en litigio que el demandante reclama como suyas.

Acuerdo con el Ayuntamiento

La denuncia se extiende también sobre el Consistorio alfazino, dado que, siguiendo el relato del que se proclama dueño legítimo de los terrenos, este ayuntamiento alcanzó mediante la firma de un convenio con la empresa urbanizadora el uso urbanístico del suelo sin tener en consideración la propiedad del mismo.

Mercado noruego

En este sentido, el afectado asegura que la constructora incluso llegó a echar abajo un chalé que su familia estaba construyendo sobre los terrenos reclamados «obviando la acreditación de propiedad que figura en la nota registral».

La denuncia sobre Nordic Residencial se dirige a poner de relieve ante la magistrada la labor de promoción de la futura urbanización que esta mercantil está realizando en Noruega, país en el que este empresa cuenta con una clientela muy consolidada entre potenciales compradores de viviendas residenciales en el litoral mediterráneo español.

Tras el establecimiento de las medidas cautelares dictadas por la juez como resultado de la celebración de dos vistas, el denunciante espera que el proceso finalice en el plazo aproximado de dos meses con el reconocimiento judicial de que los terrenos son efectivamente patrimonio de su familia y que, en consecuencia, el agente urbanizador incurrió en un «atropello manifiesto en connivencia con las autoridades locales y la mercantil promotora».

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